El minotauro anda suelto

Tras el rechazo de Egipto a las ayudas del FMI, 67 agrupaciones de 12 países árabes denuncian que los organismos financieros internacionales promueven modelos de injusticia social y económica.

Protesta en la plaza de Tahrir de El Cairo, marzo 2011 (Olga Rodríguez)

Hace unos días Egipto rechazó ayudas del Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar de que semanas antes había firmado un acuerdo en el que se contemplaba la cesión por parte del FMI de un préstamo de 3.000 millones de dólares a doce meses con un interés del 1,5%.

El ministro de finanzas egipcio, Samir Radwan, explicó que se han reducido sus perspectivas de déficit para el curso fiscal 2011/2012 y que por esa razón Egipto no necesita financiación de los organismos financieros internacionales.

A pesar de este rechazo de los préstamos, Radwan quiso recalcar que las relaciones de Egipto con el FMI son “excelentes” y expresó su confianza en recibir ayuda del exterior a través de otros canales.

De momento, Qatar ha entregado -”como regalo”- a El Cairo 500 millones de dólares para reforzar el presupuesto y Arabia Saudí ha ofrecido una cantidad similar de ayuda directa.

Algunos analistas ven en esta jugada un intento de arrastrar a Egipto a la órbita de influencia de los países del Golfo en un momento en que las piezas del puzzle de la región se recolocan tras la ruptura del status quo provocada por las revueltas árabes.

67 GRUPOS CRITICAN LA AYUDA OCCIDENTAL CONDICIONADA

Este lunes diversos movimientos sociales y ong´s han insistido en denunciar que la ayuda occidental puede amenazar los objetivos de justicia social e igualdad económica.

La ong Network for development ha indicado que la liberalización del comercio, la inversión y la desregulación impulsadas por Estados Unidos y la Unión Europea como parte de sus paquetes de ayuda, contribuyeron al estallido de las revueltas.

También ha expresado su temor a que los gobiernos de transición de Túnez y Egipto – no elegidos por los ciudadanos- adopten decisiones que obliguen a los futuros gobiernos a aplicar reformas neoliberales a largo plazo.

“Los condicionantes no deberían ser impuestos a través paquetes de ayudas promovidos en nombre del apoyo a la democracia. Son los ciudadanos los que deberían decidir el camino hacia el desarrollo de cada país, a través de procesos constitucionales y del diálogo nacional”, señala un comunicado firmado por 67 grupos de la sociedad civil de doce países árabes.

“Los gobiernos occidentales tienden a confundir la transición a la democracia con la transición a la liberalización porque sirve a sus intereses, aunque no necesariamente a los de las poblaciones que ellos dicen apoyar”, indica la organización Counter Balance, una de las firmantes.

El comunicado, suscrito por  67 grupos civiles del mundo árabe y hecho público esta semana, denuncia que las instituciones financieras internacionales han promovido de manera sistemática modelos de injusticia económica que han conducido al empobrecimiento y marginación de importantes sectores de la población en el Norte de África y Oriente Medio.

Por ello proponen que los países y organismos financieros occidentales eliminen por completo la imposición de condiciones políticas a la hora de entregar las ayudas, cancelen la deuda, garanticen transparencia total en la entrega de cualquier ayuda y permitan la renegociación de los acuerdos de comercio internacional y de los compromisos económicos adoptados por anteriores gobiernos, entre otras propuestas.

LA OPOSICIÓN AL FMI

Diversos movimientos que participaron en la llamada revolución egipcia llevan tiempo mostrando su oposición a la recepción de préstamos del FMI.

El propio ministro egipcio de Finanzas ha reconocido que su decisión de rechazar el “paquete de ayudas” ha estado condicionada por las denuncias de diversos grupos de activistas, contrarios a mantener una política económica similar a la del régimen, condicionada por los dictados del FMI y el Banco Mundial.

La desconfianza de un sector importante de la sociedad egipcia ante estos dos organismos internacionales es evidente.

A través de las recomendaciones y programas económicos del FMI y el Banco Mundial, la dictadura de Mubarak llevó a cabo un proceso de liberalización, apostó por la inversión extranjera en vez de invertir en mercados locales sostenibles, recortó subsidios y llevó a cabo un proceso de privatización de empresas públicas.

Lejos de mejorar la situación económica de Egipto, los programas económicos implementados contribuyeron a incrementar la pobreza y las desigualdades, hasta llegar a una situación que desembocó en las revueltas de enero.

Mercado en el centro de El Cairo. Abril 2011 (Olga Rodríguez)

Al mismo tiempo, importantes figuras del régimen estuvieron ligadas a los organismos internacionales, siguiendo sus directrices o incluso ocupando puestos de responsabilidad en ellos.

Es el caso de Mahmoud Mohieldin, ministro de inversiones hasta 2010, actual managing director del Banco Mundial, así como de Rachid Mohamed Rachid, ministro de industria con Mubarak y de Youssef Boutros Ghali, ministro de finanzas egipcio hasta febrero de este año y a la vez presidente de la Comisión Monetaria y Financiera del FMI, principal asesor del organismo internacional.

Tanto Rachid como Boutros Ghali han sido acusados por corrupción y condenados en ausencia por tribunales egipcios a penas de prisión de 5 y 30 años respectivamente.


Butros-Ghali, condenado a 30 años de cárcel y buscado por la Interpol
Presidió hasta febrero la Comisión Monetaria y Financiera del FMI

(Pinchar en enlace: Página de la Interpol: Ficha de Butros Ghali)

Youssef Butros-Ghali y Dominique Strauss-Khan durante el encuentro del G-20 en abril de 2010. (Cliff Owen/AP)

Una de las principales causas del estallido de las revueltas en Egipto fue sin duda la represión constante ejercida por el régimen contra disidentes, críticos, blogueros y opositores políticos. Pero existen además otros factores que colmaron el vaso y son los relacionados con la situación económica del país árabe y las prácticas de corrupción ejercidas por buena parte de los integrantes del gobierno, incluido el propio Mubarak.

Algunos de esos abusos, que han agrandado más aún la brecha entre ricos y pobres, se cometieron en el marco de la llamada reforma económica egipcia iniciada en los años noventa y a través de la cual se impulsó un proceso de privatización de empresas públicas con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Ahora algunos de los ex ministros y hombres fuertes del régimen de Mubarak afrontan procesos en los tribunales, acusados de haber vendido propiedades estatales a capital extranjero o a empresarios egipcios cercanos al gobierno por un precio inferior a su valor real en el mercado, y de haberse lucrado con dichas transacciones.

De hecho se han presentado en los tribunales varias demandas en las que se solicita la recuperación por parte del Estado de algunas empresas privatizadas. Es el caso de la cadena de tiendas Omar Effendi, de propiedad estatal hasta que en 2006 fue vendida a una compañía saudí. La justicia egipcia ha ordenado su re-nacionalización por haber sido vendida a un precio inferior a su valor real.

Por la misma razón los tribunales también han declarado ilegal una venta de terrenos estatales realizada durante el régimen a la compañía Palm Hills, presidida por personas cercanas a Gamal Mubarak, hijo del ex presidente.

Uno de los hombres que impulsó la política de privatizaciones fue el ex ministro de finanzas Youssef Butros Ghali, miembro de una influyente familia de políticos (es sobrino del ex secretario general de la ONU Butros Butros Ghali). En la década de los ochenta fue uno de los negociadores de la deuda externa de su país, un proceso que desembocó en las privatizaciones y en la amplia apertura a las inversiones extranjeras.

En 2004, ya como ministro, continuó con la misma línea en política económica. En 2008 ocupó el puesto de presidente del Comité Monetario y Financiero del Fondo Monetario Internacional (CMFI), principal comité asesor de la Junta de gobernadores del FMI. Era habitual verle en las fotografías con Strauss-Khan y John Lipsky, número uno y dos del FMI. El estallido de las revueltas provocó su dimisión como ministro y como presidente del CMFI y de ese modo se produjo la caída de uno de los integrantes de la cúpula del organismo internacional.

Es curioso observar cómo apenas se ha prestado atención a lo que sin duda habría que denominar el otro gran escándalo del FMI. Butros Ghali huyó de Egipto un día después del derrocamiento de Mubarak. El gobierno egipcio ha cursado una orden de extradición a la Interpol. Pesan sobre él diversos cargos por corrupción, por los que ha sido condenado en ausencia a 30 años de prisión.

EL EX MINISTRO DE INVERSIONES EGIPCIO, TERCER HOMBRE DEL BANCO MUNDIAL

Uno de los hombres cercanos a Butros Ghali es el ex ministro de Inversiones Mahmoud Mohieldin, quien en la actualidad -y desde octubre de 2010- ocupa una de las tres direcciones generales del Banco Mundial y por tanto uno de los cargos clave del organismo internacional. Abogados y activistas egipcios le acusan de practicar el favoritismo y le involucran en la privatización de una cadena de hoteles que habría sido vendida a un precio menor de su valor real.

Un informe publicado recientemente por el propio gobierno egipcio reconoce que en los últimos años en el país árabe han crecido la pobreza y las desigualdades, aún más visibles a raíz del aumento de los precios de alimentos básicos como el pan en el año 2008, producido, entre otras razones, por la especulación de los mercados financieros internacionales.

Por eso, y a pesar de la prohibición de las protestas, desde hace ya algunos años se han sucedido las manifestaciones y huelgas de los trabajadores en las calles y en las fábricas, en demanda de salarios dignos, derechos laborales y un mejor reparto de la riqueza. Pero nada de esto parecía importar a la comunidad internacional.

De hecho el Banco Mundial elogió la política económica económica egipcia en varios informes, como el “Doing Business Report” de 2008 y 2009, encargado de medir en distintos países la facilidad para hacer negocios con capital extranjero. El propio Mahmoud Mohieldin recibió el Premio Doing Business Report de 2010.

En octubre de ese mismo año Mohieldin fue nombrado Managing Director del Banco Mundial y Director del Programa de Reducción de la Pobreza de dicho organismo, cargos que aún ocupa en la actualidad.

“Que uno de los responsables de la política económica egipcia de los últimos años, que ha fomentado la distancia entre ricos y pobres, sea director del programa de reducción de la pobreza del Banco Mundial, da que pensar”, han denunciado varias agrupaciones impulsoras del movimiento 25 de enero.

Cuando estallaron las revueltas en Egipto, el hasta hace poco director del FMI, Strauss-Khan, admitió la existencia del factor económico como una de las causas de los levantamientos, al afirmar que “lo que ocurre en el norte de África muestra que no es suficiente tener en cuenta los buenos datos macroeconómicos; tenemos que mirar mucho más allá de eso”.

Ante esta afirmación es inevitable preguntarse si hasta la fecha el señor Strauss Khan y el resto del equipo del organismo financiero que presidía no se habían dado cuenta de que el primer marcador a tener en cuenta para felicitarse o no es el referido a las condiciones de vida de los ciudadanos; de que, haciendo uso de su expresión, las personas también existen y están “más allá” de la macroeconomía.

Ironías al margen, lo cierto es que la pobreza, el incremento de las desigualdades y la corrupción extendieron una ola de indignación entre buena parte de la población egipcia, cansada de ver cómo una minoría, la elite política y económica del país, se enriquecía cada vez más, con el beneplácito de los organismos financieros internacionales.

No se puede negar la existencia de causas económicas y sociales en el estallido de las revueltas egipcias. Los egipcios, al igual que los tunecinos, han exigido libertad, pan, vivienda y salarios dignos y una democracia genuina liderada por gobiernos con autonomía -”no queremos una democracia importada”, ha sido una de las consignas más coreadas-.

Sus demandas se sitúan a su vez en un contexto global marcado por la crisis de un modelo económico insostenible que juega solo a favor de unos pocos y que no hace ascos a las dictaduras que asumen la voracidad de sus códigos.


Primer caso de nacionalización de una empresa en Egipto:

Esta semana la Corte Administrativa egipcia ha anulado el acuerdo de venta cerrado en 2006 por el que el 90% de la cadena de tiendas de ropa, muebles y complementos Omar Effendi, hasta entonces estatal, pasó a manos de la compañía saudí Anwal.

El tribunal ha considerado que dicha transacción se realizó de manera corrupta, con una tasación del precio inadecuada.

Es decir, la empresa fue vendida a un precio menor de su coste real en el mercado.

En concreto se vendió por 99 millones de dólares, cuando tan solo el valor del terreno en el que se asientan las 82 tiendas es de 670 millones de dólares, según han desvelado varios medios de comunicación egipcios citando fuentes judiciales.

Una tienda de Omar Effendi en Egipto

Desde entonces Omar Effendi solo ha registrado pérdidas y acumulado deudas.

No es un caso aislado.

Desde la caída del dictador Hosni Mubarak han llegado a los tribunales decenas de demandas de abogados y asociaciones que solicitan la nacionalización y recuperación de empresas y fábricas vendidas -y privatizadas- a multinacionales extranjeras por un precio mucho menor de su valor real.

Buena parte de ellas están siendo desmanteladas por sus nuevos dueños, a pesar de que en los contratos de venta se comprometían a invertir en ellas.

Por alguna de esas privatizaciones están acusadas importantes personalidades, como el ex primer ministro Atef Ebeid, el ex ministro de Sector Público Mokhtar Khattab -que supervisaba el programa de reformas económicas impulsado por el FMI, el Banco Mundial y la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional- y Mohamed el-Danaf, presidente de la Compañía Industrias Metalúrgicas.

Los tres están involucrados en la venta irregular de la Compañía estatal de Cementos Assiut -la más grande del país- vendida en 1999 a una empresa mexicana por solo 373 millones de dólares, un precio cuatro veces menor que su valor real, según los demandantes.

Este tipo de transacciones se realizaron en el marco de la reforma económica egipcia iniciada en la década de los años noventa y centrada en la privatización de fábricas y empresas estatales, con el asesoramiento de Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Los demandantes han celebrado el veredicto de los tribunales en el caso Omar Effendi.

El director del Centro egipcio por los Derechos Sociales y Económicos, Khaled Ali, cree que esta sentencia sienta un importante precedente y abre la puerta a un posible proceso de nacionalización de empresas.

Boutros-Ghali, ex ministro de Finanzas en Egipto y presidente del Comité financiero del FMI hasta febrero de este año, junto al nº 1 del FMI, Strauss-Kahn y el nº 2, Lipsky. 2008 (AP)

INVESTIGACIONES PENALES

Hay otras investigaciones penales abiertas en relación con estos procesos de privatización corruptos.

Una de las principales acusaciones que de momento ha prosperado en los tribunales es la dirigida contra el ex ministro de Finanzas Youssef Boutros-Ghali, que supervisó el diseño y la puesta en práctica de los programas de reforma económica en Egipto.

Ghali presidió el Comité Financiero del Fondo Monetario Internacional desde octubre de 2008 hasta febrero de este año, cuando presentó su dimisión tras el estallido de las revueltas.

Ya al inicio de su carrera hace más de tres décadas Ghali había trabajado en el FMI; en los años ochenta regresó a Egipto donde negoció acuerdos con el FMI y el Club de París.

En la actualidad está acusado de defraudar al Estado egipcio por dar un trato preferente a empresarios próximos al régimen de Mubarak.

Se encuentra fuera de Egipto y por tanto fuera del alcance de los veredictos de la Justicia de su país.

El ex ministro de Inversiones egipcio, Mahmoud Mohieldin, Managing Director en el Banco Mundial. En la foto, en la Bolsa de Nueva York (AP)

Uno de los protegidos de Ghali es el ex ministro de Inversiones Mahmoud Mohieldin, a quien prominentes activistas egipcios involucran en la venta irregular de una cadena de hoteles y en la propia venta de Omar Effendi.

Desde octubre de 2010 Mohieldin ocupa una de las tres direcciones generales del Banco Mundial, con sede en Washington DC.

Como ministro de Inversiones impulsó una serie de reformas económicas que fueron objeto de elogio en varios informes del Banco Mundial, como el “Doing Business Report” de 2008, encargado de medir la facilidad para hacer negocios en los países.

En el año 2007 el Banco Mundial señaló a Egipto como el mayor reformista del mundo, algo que evidentemente podía beneficiar a los inversores extranjeros pero no al Estado ni a la sociedad egipcia, a la vista de datos como el último informe publicado por el propio gobierno de El Cairo, que indica un aumento de la pobreza y la desigualdad en los años 2009 y 2010.

A pesar de estos resultados, Mohiledin es, además de Managing Director del Banco Mundial, Director del Programa de Reducción de la Pobreza de dicha institución.