El minotauro anda suelto

El control de los mensajes

Tras abordar un barco de bandera turca en aguas internacionales Israel ha difundido y enviado a los medios de comunicación un vídeo que ha dado la vuelta al mundo y que muestra las siluetas de varias personas golpeando con palos algo o a alguien. Israel asegura que esas son las siluetas de activistas de la flotilla y que lo que golpeaban eran soldados israelíes.

No podemos saber si ese vídeo se corresponde con la realidad, ya que Israel no ha permitido a los integrantes de la flotilla cargada con ayuda humanitaria comunicarse con el exterior ni durante el asalto ni posteriormente. De este modo solo se difunde, al menos por el momento, el mensaje y las imágenes escogidas por las autoridades israelíes.

Es una táctica habitual: En diciembre de 2008 y enero de 2009, durante los ataques israelíes contra Gaza que provocaron una masacre con más de 1.400 palestinos muertos, Israel no permitió la entrada a la Franja de ningún periodista. Pretendía así que solo se difundiera un mensaje, el enviado desde el lado israelí, y que solo se emitieran unas imágenes, las filmadas en el lado israelí.

La legitimidad de la flotilla

Pero lo cierto es que en el caso de lo ocurrido ayer, aunque aún no tengamos acceso a todas las versiones, sí disponemos de herramientas suficientes para concluir que la acción llevada a cabo por el Ejército israelí fue ilegal. Abordó un barco de bandera turca en aguas internacionales, una acción definida como acto de piratería por Naciones Unidas, mató a al menos diez personas e hirió a 30 más. Que los activistas de la flotilla hubieran mostrado resistencia no justificaría la acción israelí, ya que, tal y como establece la ley, es legítimo defenderse de los ocupantes armados que toman un barco.

Es legítimo también el objetivo de la flotilla de llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo israelí en la Franja. Gaza sufre una crisis humanitaria: sus habitantes no disponen de productos básicos, faltan alimentos, medicinas, equipamiento para fábricas. Solo funcionan cien de las casi cuatro mil empresas que operaban antes del bloqueo, los cortes de luz son muy frecuentes y escasea combustible incluso para mantener en funcionamiento las máquinas de ventilación asistida de los hospitales. Recuerdo que la última ve que estuve en Gaza, hace un par de años, muchos palestinos llenaban el depósito de sus coches con el aceite que sobraba de cocinar y freír falafel. El olor impregnaba calles enteras.

La impunidad de Israel

Turquía -turco era el barco atacado- es miembro de la OTAN. El artículo quinto de este organismo internacional contempla la posibilidad de que sus países miembros respondan militarmente a la agresión contra uno o más integrantes de la Alianza Atlántica. Este artículo tan solo se ha aplicado en una ocasión: tras los atentados del 11-S.

Es altamente improbable (imposible) que la OTAN invoque ahora dicho artículo como reacción al abordaje israelí del barco turco y desde luego es deseable que no lo haga. Pero la naturaleza provocadora de esta acción de Israel sí nos lleva a preguntarnos si el gobierno de Tel Aviv busca afianzar la impunidad de sus acciones o si quizá se guía por la premisa de “cuanto peor, mejor”, ya que precisamente los periodos de mayor conflicto han servido a Israel para anexionarse más territorio y hacerse fuerte gracias a su supremacía militar, que al fin y al cabo, en la realidad actual, es la que manda frente a la supremacía moral o a la legitimidad.

Cuando nunca pasa nada

Israel lleva décadas actuando de manera ilegal. Piensa que la comunidad internacional nunca va a tomar represalias suficientemente efectivas que le obliguen a frenar su política basada en el terror y la mano dura. Lo piensa porque ni Europa ni Estados Unidos han adoptado medidas ante el incumplimiento continuado por parte de Israel de las resoluciones de Naciones Unidas.

Lo cree porque no hubo consecuencias cuando mató a mil cuatrocientas personas en Gaza en las navidades 2008-2009. Ni hubo represalias cuando en 2006 acabó con la vida de más de 400 personas en Gaza durante la Operación Lluvia de Verano; ni cuando en 2002 asedió varias ciudades cisjordanas, aisló a Arafat en la Mukata y mató a más de 500 palestinos; ni cuando participó en el asesinato de 1.700 civiles palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Chatila en 1982.

Tampoco ocurrió nada cuando Israel ocupó de manera ilegal los territorios palestinos, el Sinaí egipcio, los Altos del Golán sirios y Jerusalén Este en 1967. Ni cuando ocupa Jerusalén Este en la actualidad; ni cuando el Estado israelí subvenciona y beca, a modo de incentivo, a quienes ocupan tierras palestinas, para fomentar el crecimiento de territorio anexionado.

No ocurre nada cuando Israel destroza con bombardeos infraestructuras palestinas construidas con dinero europeo. No pasa nada, para eso estamos, para mirar a otro lado, y seguir poniendo dinero. Ah! El dinero. Llegará un momento en el que nos preocupe más el bienestar de nuestras riquezas que el de nuestros hijos. Vamos encaminados a ello.

Hace tan solo unos días Israel fue aceptado como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países más avanzados y desarrollados del planeta. Es el llamado club de los países ricos. Dicho organismo exige a sus miembros respetar los derechos humanos y la legislación internacional. Por eso mismo varias organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron a la OCDE que, siguiendo su propia normativa, no aceptara a Israel como socio. Las protestas fueron en vano.

Las relaciones de la UE y España con Israel

Israel es un socio de primera para la Unión Europea y Estados Unidos. Y para España. En los últimos catorce años nuestro país ha exportado armas y material de doble uso a Israel por un valor que ronda los 35 millones de euros, según un riguroso informe aparecido recientemente sobre las relaciones militares entre España e Israel. Tales exportaciones de material militar a Israel violan los criterios del Código de conducta de Exportación de Armas de la UE, criterios que indican que no se exportará armas a aquellos países que pudieran usarlas con fines de represión interna, para agredir a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial.

Israel es socio preferente en materia comercial de la Unión Europea, a través de un Tratado Preferencial que entró en vigor en el año 2000 y cuyo artículo dos establece la suspensión de dicho tratado en caso de que una de las partes vulnere los derechos humanos y el derecho internacional. En vista de que dicho tratado no se ha suspendido nunca, parece que la UE no ve vulneración de los derechos humanos en ninguna de las matanzas perpetradas por Israel; habrá que deducir que la UE considera que el robo de tierras palestinas, las políticas discriminatorias y las leyes israelíes que permiten que se encarcele a palestinos sin cargos ni juicio están dentro del marco de los derechos humanos.

Si nuestros gobierno no se mueven, movámonos nosotros. Pidamos públicamente la adopción de medidas para frenar la carrera hacia el abismo de Israel. Solicitemos la suspensión de las relaciones comerciales con el Estado israelí. O planteemos su expulsión de la ONU, una propuesta que no debería herir la susceptibilidad de nadie, teniendo en cuenta el desprecio que Israel muestra hacia dicho organismo internacional, cuyas resoluciones incumple de manera sistemática y cuyas sedes en Gaza bombardeó al menos cuatro veces en la última operación militar contra la Franja.

Tarde o temprano llegará la cordura. Y cuando eso ocurra nos gustará pensar que llevábamos tiempo participando de ella…


Estos días la Parroquia San Carlos Borromeo (Entrevías, Madrid), celebra las jornadas “África entre nosotros”, con charlas, conferencias y la exposición de fotografía “El Muro del Atlántico”, de Juan Medina, premio World Press Photo 2005, entre otros galardones. El trabajo de este fotoperiodista habla por sí solo. He aquí unos ejemplos:

Horario de la exposición: Todos los días de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00, excepto domingos por la tarde. Hasta el nueve de junio.

Una pareja con su bebé dentro de un vehículo de la Guardia Civil / Juan Medina

Fuerteventura, 2004. Vuelca la barca en la que viajaban 40 personas. Algunas logran agarrarse a los salvavidas lanzado por los equipos de rescate. Murieron once personas. /Juan Medina

La sal y la arena en el rostro de este inmigrante indican la dureza de la travesía que ha realizado / Juan Medina

Una niña llora a puerta del Centro de Internamiento de Aluche, donde está encerrado su padre, a quien las autoridades policiales han asignado el número 2286 / Juan Medina

Playa de Gran Tarajal, Fuerteventura, 5 de mayo de 2006 /Juan Medina

Sidi Suguma, de Mali, llora en una comisaría de Nuadibú, Mauritania. Él y otros 35 inmigrantes fueron interceptados por la policía marroquí en el Sáhara Occidental y transferidos a Nuadibú cuando intentaban llegar a las islas Canarias /Juan Medina


Imaginemos un país con más de 113.000 personas desaparecidas, asesinadas durante una guerra civil originada por un golpe de Estado y durante una dictadura que gobernó durante casi cuarenta años. Ninguna de esas personas fue ejecutada en el frente de guerra, sino en fusilamientos, sacas, o tras juicios sumarísimos. La mayoría fueron asesinadas por el simple hecho de simpatizar con el sistema democrático vigente, por haber colaborado con dicho sistema o por haber mostrado su oposición al golpe de Estado.

En ese país, salvo escasas excepciones, las fosas comunes no están identificadas con placas o monumentos oficiales; casi todas están escondidas y olvidadas. Imaginemos que hace diez años varias personas que querían mantener viva la Memoria y la Historia crean asociaciones de familiares de desaparecidos y exhuman las primeras fosas, con dinero de su propio bolsillo.

Y que hace un par de años, gracias a la presión de esas asociaciones, el Gobierno se compromete a asumir la localización y exhumación de fosas, pero en la práctica solo se encarga de financiar, de modo que todo sigue estando en manos de las asociaciones, al fin con subvenciones pero no suficientes. Tan solo en dos exhumaciones se persona un juez, a pesar de que por ley está establecido que debe haber un representante judicial para el levantamiento del cadáver. Y en ninguna hay homenajes oficiales.

No estoy hablando de Bosnia, por si alguien piensa que ha acertado ya. El país del que hablo tiene más fosas que Bosnia, pero el Estado no se hace cargo directamente. Tampoco hablo de Irak, ni de Chile, ni de Argentina, ni de Bolivia, Perú, El Salvador, Haití, Ruanda, Sierra Leona o Suráfrica, lugares donde el Estado ha respaldado los proyectos de exhumación de fosas e investigaciones en torno a las mismas impulsadas por las denominadas comisiones de la verdad. No hablo tampoco de los caídos en la Segunda Guerra Mundial en países extranjeros o en diversos conflictos bélicos coloniales, cuyos cadáveres están siendo localizados y exhumados por gobiernos europeos.

En el país del que hablo muchas familias han vivido el dolor a escondidas, porque ese dolor era tabú. Nosotros, que venimos de un país avanzado, sabemos muy bien que si las víctimas y sus familiares no obtienen reparación y se ven obligadas a olvidar, terminan siendo doblemente víctimas. Pero en ese país no lo saben aún. Allí mencionar a los desaparecidos puede ser considerado políticamente incorrecto. Incluso personalidades respetadas socialmente sufren de urticaria cuando oyen hablar de los crímenes de la dictadura y de la necesidad de amparar a las víctimas y sus familiares. Es extraño.

Es extraño también que no se estudien en la escuela, instituto o universidad los detalles de la represión ejercida por los golpistas. La única excepción son los textos que estudian los alumnos de la carrera de Historia que se especializan en ese periodo histórico.

Por eso muchos piensan que todo se resume en dos bandos enfrentados en una guerra, que en ambas partes hubo muertos, más o menos los mismos, y las mismas atrocidades. Olvidan que el número de fallecidos de un lado triplicó al del otro, que los de un lado fueron dignificados y homenajeados y que los familiares de los de ese lado no sufrieron durante cuarenta años la represión, cárcel, el exilio, el miedo, el desamparo.

Algunas personas aplauden que nada de eso se sepa. Viva la ignorancia, abajo la Historia, es malo mirar al pasado, dicen. Les obsesiona mucho lo del pasado.

Hubo un juez que decidió actuar e investigar los crímenes de aquella dictadura y un montón de personalidades escribieron artículos y columnas sintiéndose muy ofendidas por semejante actuación. Fue un fenómeno sociológico muy curioso.

Ante la actuación de ese juez, los familiares de las víctimas se sintieron aliviados, pensando que quizá se pondría fin al pacto de silencio.

Pero ese juez terminó siendo acusado por dos organizaciones de extrema derecha de prevaricador y fue apartado de su cargo por el poder judicial. Suspendido de sus funciones. Recibió apoyo internacional de prestigiosos juristas, de respetadas organizaciones internacionales de derechos humanos, de los diarios internacionales más leídos. Pero fue suspendido y por supuesto la investigación de los crímenes de la dictadura y los golpistas fue paralizada.

La extrema derecha del país se alegró mucho. También aquellos que creían que nadie tenía que darles lecciones de nada, porque una cosa es enseñar justicia y moralidad a Argentina, la ex Yugoslavia o Irak y otra muy diferente es que vengan unos a decirte ahora lo que tu propio país tiene pendiente.

Hubo algunas personas de izquierdas que también se alegraron, porque no les gustaba mucho ese juez ahora suspendido. No entendían que esa historia no tenía que ver con defender a un juez, sino con luchar contra la impunidad que existe en ese país, asentada en tantos campos diferentes pero con el mismo origen.

Nosotros, que procedemos de un país no enfermo, ya sabemos que la dignidad, el reconocimiento y el fin de la impunidad son importantes. Que no se puede dar la espalda a quienes defendieron los valores en los que presuntamente se asientan nuestras sociedades actuales. Pero en ese país todavía no se han enterado. No saben que los traumas colectivos, si no se tratan, pueden continuar latentes durante décadas. Que si una herida no se cura bien se infecta y no sana. Puede incluso empeorar.


Un hombre nigeriano murió hace unos días en Suiza cuando estaba siendo deportado junto con otros inmigrantes sin papeles, como informamos hoy en periodismohumano. Sus compañeros han denunciado que la policía le había inmovilizado con tanta fuerza que apenas podía respirar.

En Reino Unido un informe independiente acaba de desvelar que varias personas solicitantes de asilo resultaron heridas graves a causa del trato recibido por las autoridades policiales.

Italia financia centros de internamiento para extranjeros en Libia en los que se practican políticas represivas y torturas y permite la creación de patrullas civiles para ayudar a los agentes a localizar inmigrantes sin papeles. Tanto Italia como España expulsan a extranjeros a países donde se registran habitualmente violaciones de los derechos humanos.

El pasado verano ciento sesenta menores iniciaron una huelga de hambre en un centro de detención en Grecia, donde estaban hacinados en condiciones lamentables.

En países europeos como Francia, Italia o Luxemburgo varios puestos de trabajo en el sector público y privado están vetados por ley a los extranjeros. Todo esto está pasando aquí y ahora.

Concentración en Madrid contra las penas de cárcel para los "manteros", marzo 2010 (Olga Rodríguez)

En Europa se ha instalado una política que criminaliza al inmigrante, al diferente. La nueva ley de inmigración europea, la llamada Directiva de la vergüenza, se basa en la exclusión y no en la integración. Legitima el rechazo al otro.

No tener papeles es una falta administrativa que puede ser castigada con estancias prolongadas en centros de internamiento de extranjeros, los llamados CIEs; su nombre es un eufemismo que oculta lo que realmente son: prisiones. Quienes acogen o empadronan a inmigrantes sin papeles se arriesgan a tener que pagar elevadas multas; algunos políticos hablan de la inmigración como si fuera un mal endémico causante de las desgracias de nuestro continente, y con esa excusa firman acuerdos con terceros países para crear cárceles de inmigrantes fuera de su territorio, levantan muros, llevan sus fronteras hasta Senegal o Mauritania para impedir la salida de cayucos y gastan sumas astronómicas en sistemas de vigilancia fronterizos.

Según la Organización Internacional para las Migraciones los veinticinco países más ricos del mundo dedican entre 25.000 y 30.000 millones de dólares al año en identificar, rechazar y expulsar a las personas sin papeles que llaman a su puerta. Atención a las cifras, porque según el Banco Mundial se necesitarían entre 30.000 y 50.000 millones de dólares para combatir la pobreza siguiendo los objetivos establecidos por Naciones Unidas.

Mientras tanto, los capitales, los productos y las comunicaciones circulan libremente. El dinero, al contrario que las personas, no necesita papeles. Las empresas transnacionales migran a los países del Sur o del Este para beneficiarse de las desigualdades sociales que el sistema imperante fomenta, porque es precisamente en ellas en las que se sostiene. Sin mano de obra barata no se obtendrían beneficios desorbitados; sin la explotación ilimitada de las materias primas propias y ajenas no habría este nivel de riqueza que abre una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres.

Las multinacionales importan riqueza de los países de origen de los emigrantes y exportan pobreza, discriminación y degradación ambiental. El poder, los beneficios económicos, la tierra, están por encima de los propios seres humanos y de la salud del planeta.

Es frecuente escuchar argumentos que responsabilizan a los inmigrantes de la falta de plazas en las guarderías y de la saturación de la sanidad pública. La derecha jalea este tipo de pensamiento que exime de toda culpa a la ola de privatizaciones y al abandono del Estado del bienestar. Sin embargo, la realidad es otra: la Sociedad Española de Medicina Comunitaria acaba de hacer público un informe que indica que los inmigrantes van al médico la mitad que la población autóctona. Representan el diez por ciento de la población pero solo el cinco por ciento de los pacientes.

Se ha instalado un lenguaje xenófobo y unas prácticas discriminatorias, pero en el debate público pocos se alarman por ello. Nos creemos, en nuestras cómodas sociedades europeas, adalides de la libertad y la transparencia y no vemos lo que pasa delante de nuestras narices.Afrontémoslo para acabar con ello: Vivimos instalados en el miedo y ese miedo actúa como la excusa para sobrepasar límites morales y legales.
Europa se defiende de la inmigración con medios militares, cierra fronteras a cal y canto y obliga a los migrantes a desviarse por rutas alternativas muy peligrosas en las que 15.000 personas han perdido la vida en los últimos diez años, según cálculos de diversas organizaciones internacionales.

Actualmente hay en nuestro continente europeo doscientos cincuenta centros de internamiento para extranjeros, lo que supone que haya unas treinta y una mil personas detenidas solo por el hecho de no tener papeles. Algunas permanecen hasta dieciocho meses en estas prisiones en las que no son infrecuentes los casos de maltrato físico y discriminación.

De vez en cuando grupos de inmigrantes inician huelgas de hambre para protestar por su situación. Demandan atención pública con la esperanza de que nuestras sociedades se den cuenta de que estamos legitimando la exclusión e incluso formas de semi esclavitud que sufren todos aquellos que trabajan sin papeles, con sueldos muy bajos y sin disfrutar de derechos laborales mínimos.

Hace unas semanas un grupo de inmigrantes del centro de detención de Barcelona se puso en huelga de hambre para condenar la relación que nuestra sociedad establece entre inmigración e inseguridad. También recientemente hubo una protesta en el centro de detención de Aluche, en Madrid, después de que un inmigrante denunciara agresiones físicas por parte de la policía.

Todo esto está pasando aquí y ahora. A la vista de su escasa repercusión podría pensarse que los círculos de poder político y económico tienen interés por perpetuar esta situación. Cuanto más tiempo aplacemos las cuestiones urgentes más difícil será conseguir un mundo menos perverso.