El minotauro anda suelto

Imaginemos un país con más de 113.000 personas desaparecidas, asesinadas durante una guerra civil originada por un golpe de Estado y durante una dictadura que gobernó durante casi cuarenta años. Ninguna de esas personas fue ejecutada en el frente de guerra, sino en fusilamientos, sacas, o tras juicios sumarísimos. La mayoría fueron asesinadas por el simple hecho de simpatizar con el sistema democrático vigente, por haber colaborado con dicho sistema o por haber mostrado su oposición al golpe de Estado.

En ese país, salvo escasas excepciones, las fosas comunes no están identificadas con placas o monumentos oficiales; casi todas están escondidas y olvidadas. Imaginemos que hace diez años varias personas que querían mantener viva la Memoria y la Historia crean asociaciones de familiares de desaparecidos y exhuman las primeras fosas, con dinero de su propio bolsillo.

Y que hace un par de años, gracias a la presión de esas asociaciones, el Gobierno se compromete a asumir la localización y exhumación de fosas, pero en la práctica solo se encarga de financiar, de modo que todo sigue estando en manos de las asociaciones, al fin con subvenciones pero no suficientes. Tan solo en dos exhumaciones se persona un juez, a pesar de que por ley está establecido que debe haber un representante judicial para el levantamiento del cadáver. Y en ninguna hay homenajes oficiales.

No estoy hablando de Bosnia, por si alguien piensa que ha acertado ya. El país del que hablo tiene más fosas que Bosnia, pero el Estado no se hace cargo directamente. Tampoco hablo de Irak, ni de Chile, ni de Argentina, ni de Bolivia, Perú, El Salvador, Haití, Ruanda, Sierra Leona o Suráfrica, lugares donde el Estado ha respaldado los proyectos de exhumación de fosas e investigaciones en torno a las mismas impulsadas por las denominadas comisiones de la verdad. No hablo tampoco de los caídos en la Segunda Guerra Mundial en países extranjeros o en diversos conflictos bélicos coloniales, cuyos cadáveres están siendo localizados y exhumados por gobiernos europeos.

En el país del que hablo muchas familias han vivido el dolor a escondidas, porque ese dolor era tabú. Nosotros, que venimos de un país avanzado, sabemos muy bien que si las víctimas y sus familiares no obtienen reparación y se ven obligadas a olvidar, terminan siendo doblemente víctimas. Pero en ese país no lo saben aún. Allí mencionar a los desaparecidos puede ser considerado políticamente incorrecto. Incluso personalidades respetadas socialmente sufren de urticaria cuando oyen hablar de los crímenes de la dictadura y de la necesidad de amparar a las víctimas y sus familiares. Es extraño.

Es extraño también que no se estudien en la escuela, instituto o universidad los detalles de la represión ejercida por los golpistas. La única excepción son los textos que estudian los alumnos de la carrera de Historia que se especializan en ese periodo histórico.

Por eso muchos piensan que todo se resume en dos bandos enfrentados en una guerra, que en ambas partes hubo muertos, más o menos los mismos, y las mismas atrocidades. Olvidan que el número de fallecidos de un lado triplicó al del otro, que los de un lado fueron dignificados y homenajeados y que los familiares de los de ese lado no sufrieron durante cuarenta años la represión, cárcel, el exilio, el miedo, el desamparo.

Algunas personas aplauden que nada de eso se sepa. Viva la ignorancia, abajo la Historia, es malo mirar al pasado, dicen. Les obsesiona mucho lo del pasado.

Hubo un juez que decidió actuar e investigar los crímenes de aquella dictadura y un montón de personalidades escribieron artículos y columnas sintiéndose muy ofendidas por semejante actuación. Fue un fenómeno sociológico muy curioso.

Ante la actuación de ese juez, los familiares de las víctimas se sintieron aliviados, pensando que quizá se pondría fin al pacto de silencio.

Pero ese juez terminó siendo acusado por dos organizaciones de extrema derecha de prevaricador y fue apartado de su cargo por el poder judicial. Suspendido de sus funciones. Recibió apoyo internacional de prestigiosos juristas, de respetadas organizaciones internacionales de derechos humanos, de los diarios internacionales más leídos. Pero fue suspendido y por supuesto la investigación de los crímenes de la dictadura y los golpistas fue paralizada.

La extrema derecha del país se alegró mucho. También aquellos que creían que nadie tenía que darles lecciones de nada, porque una cosa es enseñar justicia y moralidad a Argentina, la ex Yugoslavia o Irak y otra muy diferente es que vengan unos a decirte ahora lo que tu propio país tiene pendiente.

Hubo algunas personas de izquierdas que también se alegraron, porque no les gustaba mucho ese juez ahora suspendido. No entendían que esa historia no tenía que ver con defender a un juez, sino con luchar contra la impunidad que existe en ese país, asentada en tantos campos diferentes pero con el mismo origen.

Nosotros, que procedemos de un país no enfermo, ya sabemos que la dignidad, el reconocimiento y el fin de la impunidad son importantes. Que no se puede dar la espalda a quienes defendieron los valores en los que presuntamente se asientan nuestras sociedades actuales. Pero en ese país todavía no se han enterado. No saben que los traumas colectivos, si no se tratan, pueden continuar latentes durante décadas. Que si una herida no se cura bien se infecta y no sana. Puede incluso empeorar.