El minotauro anda suelto

Imaginemos un país con más de 113.000 personas desaparecidas, asesinadas durante una guerra civil originada por un golpe de Estado y durante una dictadura que gobernó durante casi cuarenta años. Ninguna de esas personas fue ejecutada en el frente de guerra, sino en fusilamientos, sacas, o tras juicios sumarísimos. La mayoría fueron asesinadas por el simple hecho de simpatizar con el sistema democrático vigente, por haber colaborado con dicho sistema o por haber mostrado su oposición al golpe de Estado.

En ese país, salvo escasas excepciones, las fosas comunes no están identificadas con placas o monumentos oficiales; casi todas están escondidas y olvidadas. Imaginemos que hace diez años varias personas que querían mantener viva la Memoria y la Historia crean asociaciones de familiares de desaparecidos y exhuman las primeras fosas, con dinero de su propio bolsillo.

Y que hace un par de años, gracias a la presión de esas asociaciones, el Gobierno se compromete a asumir la localización y exhumación de fosas, pero en la práctica solo se encarga de financiar, de modo que todo sigue estando en manos de las asociaciones, al fin con subvenciones pero no suficientes. Tan solo en dos exhumaciones se persona un juez, a pesar de que por ley está establecido que debe haber un representante judicial para el levantamiento del cadáver. Y en ninguna hay homenajes oficiales.

No estoy hablando de Bosnia, por si alguien piensa que ha acertado ya. El país del que hablo tiene más fosas que Bosnia, pero el Estado no se hace cargo directamente. Tampoco hablo de Irak, ni de Chile, ni de Argentina, ni de Bolivia, Perú, El Salvador, Haití, Ruanda, Sierra Leona o Suráfrica, lugares donde el Estado ha respaldado los proyectos de exhumación de fosas e investigaciones en torno a las mismas impulsadas por las denominadas comisiones de la verdad. No hablo tampoco de los caídos en la Segunda Guerra Mundial en países extranjeros o en diversos conflictos bélicos coloniales, cuyos cadáveres están siendo localizados y exhumados por gobiernos europeos.

En el país del que hablo muchas familias han vivido el dolor a escondidas, porque ese dolor era tabú. Nosotros, que venimos de un país avanzado, sabemos muy bien que si las víctimas y sus familiares no obtienen reparación y se ven obligadas a olvidar, terminan siendo doblemente víctimas. Pero en ese país no lo saben aún. Allí mencionar a los desaparecidos puede ser considerado políticamente incorrecto. Incluso personalidades respetadas socialmente sufren de urticaria cuando oyen hablar de los crímenes de la dictadura y de la necesidad de amparar a las víctimas y sus familiares. Es extraño.

Es extraño también que no se estudien en la escuela, instituto o universidad los detalles de la represión ejercida por los golpistas. La única excepción son los textos que estudian los alumnos de la carrera de Historia que se especializan en ese periodo histórico.

Por eso muchos piensan que todo se resume en dos bandos enfrentados en una guerra, que en ambas partes hubo muertos, más o menos los mismos, y las mismas atrocidades. Olvidan que el número de fallecidos de un lado triplicó al del otro, que los de un lado fueron dignificados y homenajeados y que los familiares de los de ese lado no sufrieron durante cuarenta años la represión, cárcel, el exilio, el miedo, el desamparo.

Algunas personas aplauden que nada de eso se sepa. Viva la ignorancia, abajo la Historia, es malo mirar al pasado, dicen. Les obsesiona mucho lo del pasado.

Hubo un juez que decidió actuar e investigar los crímenes de aquella dictadura y un montón de personalidades escribieron artículos y columnas sintiéndose muy ofendidas por semejante actuación. Fue un fenómeno sociológico muy curioso.

Ante la actuación de ese juez, los familiares de las víctimas se sintieron aliviados, pensando que quizá se pondría fin al pacto de silencio.

Pero ese juez terminó siendo acusado por dos organizaciones de extrema derecha de prevaricador y fue apartado de su cargo por el poder judicial. Suspendido de sus funciones. Recibió apoyo internacional de prestigiosos juristas, de respetadas organizaciones internacionales de derechos humanos, de los diarios internacionales más leídos. Pero fue suspendido y por supuesto la investigación de los crímenes de la dictadura y los golpistas fue paralizada.

La extrema derecha del país se alegró mucho. También aquellos que creían que nadie tenía que darles lecciones de nada, porque una cosa es enseñar justicia y moralidad a Argentina, la ex Yugoslavia o Irak y otra muy diferente es que vengan unos a decirte ahora lo que tu propio país tiene pendiente.

Hubo algunas personas de izquierdas que también se alegraron, porque no les gustaba mucho ese juez ahora suspendido. No entendían que esa historia no tenía que ver con defender a un juez, sino con luchar contra la impunidad que existe en ese país, asentada en tantos campos diferentes pero con el mismo origen.

Nosotros, que procedemos de un país no enfermo, ya sabemos que la dignidad, el reconocimiento y el fin de la impunidad son importantes. Que no se puede dar la espalda a quienes defendieron los valores en los que presuntamente se asientan nuestras sociedades actuales. Pero en ese país todavía no se han enterado. No saben que los traumas colectivos, si no se tratan, pueden continuar latentes durante décadas. Que si una herida no se cura bien se infecta y no sana. Puede incluso empeorar.


Hay cierta tendencia en este país a leer todos los acontecimientos de la actualidad en clave política-electoral. De ese modo el daño ecológico del vertido del Prestige, las muertes de inocentes en Irak, la falta de libertades en Afganistán o la educación que recibirán nuestros hijos terminan teniendo menos protagonismo que la bronca que ello genera entre PP y Psoe.

Hay cierta propensión al reduccionismo, al debate primario, a los titulares centrados en las peleas políticas y no en los asuntos que generan dichas peleas. Si un tema se convierte en objeto de disputa política tendrá garantizado su espacio en los medios de comunicación.

De este modo se habla de inmigración si Psoe y PP discuten de inmigración, pero apenas se da voz a los inmigrantes; se habla de operaciones militares en el exterior si PP y Psoe debaten sobre operaciones militares en el exterior, pero no se da protagonismo a quienes viven en primera línea las consecuencias de esas operaciones.

Lo mismo ocurre con cualquier otro tema presente en la realidad pero a menudo ausente en la realidad mediática, esa ilusión óptica que confundimos con el reflejo de nuestro mundo. Es la agenda setting: los políticos marcan la actualidad. Si ofrecen una conferencia tienen garantizado un espacio destacado en la prensa, radio y televisión.

La tarea periodística consiste en buscar la realidad más allá de los titulares confeccionados a medida por los asesores políticos; medir el ambiente de la calle y no solo el de los despachos; buscar en el centro y en la periferia de los pueblos y ciudades las repercusiones de las decisiones políticas; informar de la existencia de otros mundos ajenos a los de las grandes cuentas bancarias.

Sin embargo, no son pocos los medios de comunicación que ayudan a los políticos a marcar esa agenda setting en vez de guiarse por las reglas básicas del periodismo.

Ahora un nuevo tema de actualidad -las manifestaciones contra la impunidad del franquismo- corre el riesgo de verse reducido al cruce de acusaciones entre políticos. Mientras un sector de la sociedad civil pide ayuda para encontrar a sus familiares desaparecidos, para defender la recuperación de la Memoria Histórica, algunos políticos se tiran los trastos a la cabeza y se instalan en el “y tú más”.

Unos acusan a sus rivales de presionar al poder judicial, los otros contestan recordando que los unos se manifestaron no hace tanto contra una decisión del Tribunal Supremo. Y buena parte de los medios de comunicación se centran en este debate político y no en las demandas de las víctimas y familiares del franquismo. Parece que el derecho a enterrar a los muertos sigue siendo algo secundario.

Los al menos 113.000 desaparecidos a causa de la represión franquista no se merecen ser víctimas de un debate público reduccionista.

Una política seria, reflexiva y a la altura de las circunstancias -junto con un buen trabajo periodístico- consistiría en analizar la situación y preguntarse por qué hoy, después de tantos años, un sector de este país sigue necesitando enterrar a sus muertos. Por qué los nietos de desaparecidos se preguntan aún dónde están sus abuelos. Qué puede hacer el Estado al respecto. De qué modo han sido abordados los crímenes de las dictaduras en otros países. Por qué es bueno no dar la espalda a la Historia.

Los Estados que han sufrido asesinatos y desapariciones masivas de ciudadanos viven un trauma subterráneo pero latente que solo se cura con tratamiento. La receta es fácil: verdad, justicia y reparación.

Mientras sigamos instalados en el olvido, en la impunidad y en el desprecio a las víctimas, este país seguirá siendo escenario de un fenómeno sociológico digno de estudio en las universidades. La negación del problema no resuelve el problema: lo perpetúa.

La clase política española tiene una buena oportunidad para mostrar elegancia y eficacia. Solo debe fijarse más en el desamparo de los familiares de las víctimas del franquismo y menos en cómo las demandas y manifestaciones contra la impunidad afectan a la popularidad de sus partidos. Con los fusilados y desaparecidos no se hace marketing político ni se busca rentabilidad electoral.


El sábado 24, manifestación de Cibeles a Sol a las 18:30

Argentina tiene mucho que enseñar a España en materia de memoria histórica. Algunos responsables de los crímenes atroces de la dictadura de Videla han sido condenados; otros se han sentado en el banquillo o están pendientes de juicio.

Desde hace años hay una Secretaría de Derechos Humanos que depende del Estado argentino y cuya misión principal es encargarse de todos los casos de asesinatos y desapariciones de la dictadura. Tiene expedientes de buena parte de las víctimas de aquellos crímenes. Solo eso transmite a los familiares que sus desaparecidos no han sido olvidados siguiendo un plan estatal perverso. No se los ha tragado la tierra.

Recomiendo la visita a la página web de la Secretaría de Derechos Humanos: Solo su portada, diseñada con fotografías de desaparecidos, puede llegar a avergonzar a todos los que en España defienden la impunidad del franquismo y la invisibilidad de sus víctimas. A los que ignoran que este país es una vergonzosa excepción en Europa.

El gobierno argentino ha indemnizado económicamente a los familiares de los asesinados y desaparecidos, así como a quienes fueron obligados a un exilio forzoso. Lo más importante de estas indemnizaciones es que traen consigo la reparación moral; el reconocimiento de víctima.

El mayor símbolo de represión y tortura de la dictadura argentina, la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, ha sido transformado en un Instituto para la Memoria, un espacio de homenaje y recuerdo a los desaparecidos, torturados y exiliados.

Todos los años, el 24 de marzo, se celebran multitudinarias manifestaciones para recordar a las víctimas.

Hay más: El Estado apoya financieramente la exhumación de fosas, la realización de autopsias y las recogidas de muestras de ADN de los familiares de las víctimas, para cotejarlas con los restos mortales hallados.

Manifestación en Buenos Aires en recuerdo a las víctimas de la dictadura, 24 de marzo de 2009

Hace aproximadamente un año vinieron a España varios antropólogos de Buenos Aires, se instalaron en la embajada argentina y convocaron a todos los familiares de las víctimas de la dictadura argentina que viven en nuestro país, para tomarles muestras de ADN.

La vida está llena de paradojas: La justicia española impulsó los procesos por genocidios y crímenes de lesa humanidad en Argentina y Chile, pero se niega a seguir ese camino en nuestro país. Ha exigido a otros países lo que es incapaz de asumir para el nuestro.

Yo soy española, bisnieta de un fusilado y desaparecido en octubre de 1936. Setenta y cuatro años después aún no hemos recuperado su cadáver. Al igual que Antígona, en España los familiares de los al menos 113.000 desaparecidos no podemos dar a nuestros seres queridos una digna sepultura, una tumba donde llorarles.

Nuestra democracia está basada en el olvido de las víctimas; nuestro Estado de Derecho se ha construido sobre el silencio de las familias de los fusilados, los desaparecidos, los represaliados, torturados, o exiliados.

El asesinato de mi bisabuelo formó parte de un patrón de comportamiento habitual: Los fascistas iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, detenían a los alcaldes, concejales, a aquellos que simpatizaban con la República, se los llevaban y los fusilaban a las afueras de pueblos cercanos o los encerraban en campos de concentración y los mataban poco tiempo después, buena parte de las veces sin juicio previo.

Ese patrón de comportamiento es una de las pruebas de la existencia de un plan para erradicar a un sector determinado de la sociedad española, con el claro objetivo de crear otra nación diferente. Y esta es, según la jurisdicción internacional, la definición exacta de genocidio.

“Los mataban como conejos”, me dijo una vez un señor del pueblo de mi familia, uno de los pocos que habla en voz alta, porque todavía hoy, en 2010, la gente sigue callando. Pero nos creemos un país saludable.

Aquí no tenemos una Secretaría de Derechos Humanos a la que acudir en busca de datos sobre las víctimas. Nuestros abuelos vagan de archivo en archivo en un intento por acceder a documentos que la mayor parte de las veces no aparecen. No solo se les niega la Justicia; se les ponen trabas para acceder a la información.

Aquí el Estado no impulsa las exhumaciones ni la recolección de muestras de ADN. No ayuda a las víctimas a encontrar a sus desaparecidos. No solo eso: se ha permitido un discurso público que reprocha la queja de las víctimas, victimizándolas de nuevo.

Aquí el Estado no ha creado un Instituto para la Memoria ni cualquier otro espacio de homenaje y recuerdo a los desaparecidos, torturados, encarcelados o exiliados. El Valle de los Caídos sigue manteniendo la esencia de lo que fue; su visión desde la carretera de Madrid a El Escorial entristece a los que creemos necesaria la reparación moral de las víctimas para vivir en una democracia saludable.

Exhumación de una fosa con restos mortales de víctimas del franquismo. En España hay aún al menos 113.000 desaparecidos

Mi abuelo, a pesar de que no tuvo una vida fácil, llegó a ser un hombre optimista. Hasta el final de sus días mantuvo la esperanza de que el sufrimiento de su familia fuera reconocido, de que alguien le pidiera perdón, de que el Estado se encargara de buscar a su padre o, al menos, nos diera alguna pista sobre qué pasó en los últimos días de su vida. He de reconocer que el día en que le enterramos no solo me sentía herida por su muerte, sino porque sus restos no podían descansar junto a los de su padre, desaparecido aún.

El hecho de que un grupo de asociaciones de familiares de víctimas, abogados y organizaciones de derechos humanos hayan presentado en Argentina una querella que pide el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo vuelve a situar a Argentina por delante de España en lo referente a este asunto. Quién le iba a decir a mi bisabuelo que quizá su memoria tenga que cruzar el océano para mantenerse viva.

España tiene más desaparecidos que Argentina y más fosas comunes que Bosnia. Pero nos creemos un país desarrollado con una democracia y un Estado de derecho intachables, cuando en realidad deberíamos estar en un diván, sacando los crímenes y cuerpos ocultos en las cunetas y en nuestro subconsciente.

Es hora de plantearse sobre qué valores deseamos que se sustente nuestra democracia. Si queremos que este país esté basado en el Estado de derecho estamos obligados a afrontar nuestro pasado para no perpetuar un sistema que descansa sobre los cadáveres olvidados y la desmemoria.

Si deseamos que los jóvenes crean que merece la pena esforzarse por un mundo mejor tenemos la obligación de recompensar y reconocer a todos aquellos que hace más de 70 años lucharon contra un golpe de estado fascista, para defender un sistema democrático, y perdieron la vida por ello.

La pregunta es muy simple: Si les contamos a nuestros hijos cómo ha actuado Argentina con la memoria de sus desaparecidos y cómo actúa España con la de nuestras víctimas, ¿qué país considerarán más avanzado?

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PD: El próximo sábado, 24 de abril, habrá manifestaciones en varias ciudades españolas pidiendo el fin de la impunidad del franquismo. La iniciativa ha partido de la sociedad civil, de hombres y mujeres que han contactado entre ellos a partir de facebook.

En Madrid la manifestación partirá a las 18:30 de Cibeles a la Puerta del Sol. Hemos llegado a un punto de inflexión. No hay marcha atrás. Nadie puede negarnos el derecho a enterrar a nuestros muertos y a darles la dignidad que se merecen.


  • Entrevista a Carlos Slepoy, abogado de familiares de víctimas del franquismo
  • Premio Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de España
  • Este miércoles presentará una querella ante la Justicia argentina

Carlos Slepoy

Carlos Slepoy sabe de la naturaleza de los regímenes represores. No solo porque es abogado especializado en estos asuntos, sino porque él mismo fue víctima de la dictadura argentina. Fue encarcelado dos semanas antes del golpe de Estado argentino, en marzo de 1976. Pasó por varias prisiones y centros de torturas antes de ser condenado al exilio en noviembre de 1977, cuando se instaló en España.

Veinte años después actuó como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón contra el dictador Videla y otros miembros de la dictadura argentina. De ese modo jugó un papel fundamental en el juicio contra el ex militar argentino Adolfo Scilingo, a quien la justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina.

También ha participado en el proceso contra el ex capitán Ricardo Cavallo, extraditado desde México a España y desde allí a Buenos Aires, acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la mayor cárcel ilegal de la dictadura argentina.

Ahora las paradojas de la vida llevan a Slepoy a recorrer el camino inverso: De Madrid a Buenos Aires. Será en esta ciudad donde este miércoles 14 de abril -día de la República española- presente con diversas organizaciones una querella para que se juzguen los crímenes de la guerra civil y la dictadura españolas. Entre los demandantes hay varias asociaciones de derechos humanos y por la memoria histórica.

-“Presentamos la querella como consecuencia de la escandalosa paralización de los procedimientos judiciales en España” -nos cuenta Slepoy por teléfono desde Buenos Aires.

LA QUERELLA

¿En qué se basa la querella que van a presentar?

Se fundamenta en los principios de jurisdicción universal, los mismos en los que se basó Garzón para abrir diligencias por crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, los mismos en la que se basó la justicia española para condenar a Adolfo Scilingo, los mismos que permitieron la extradición de Ricardo Cavallo o la apertura del caso por genocidio en Guatemala. Es decir, se fundamenta en una idea completamente asentada en la comunidad internacional por la que las leyes de amnistía o punto final no tienen validez ante crímenes contra la humanidad o genocidio.

DELITOS DE GENOCIDIO

¿Cómo califican entonces los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo?

Son delitos que formaron parte de un genocidio. Así lo recoge Garzón en la causa que inició, y nuestra querella se basa en buena parte en esa causa, fundamentada a su vez en multitud de pruebas, hay incluso documentos y manifestaciones de todo tipo hechas por dirigentes del alzamiento nacional que así lo muestran. En ella se determina que hubo 113.000 desaparecidos y más de 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad.

Y, ¿cuál es la definición de genocidio?

En España hubo una planificación estudiada y meditada para perseguir y erradicar a determinados grupos y colectivos con el objetivo de dar origen a otra nación diferente, algo que se logró en gran medida. Eso es un genocidio. Al igual que el nazismo o que la dictadura argentina, los participantes del golpe de estado y la dictadura española buscaban eliminar elementos de una sociedad para crear una sociedad diferente.

¿Qué posibilidades tiene de prosperar esta querella?

Nunca se sabe si prosperará o no, pero nosotros confiamos en que sí; yo tengo plena confianza en que esto vaya a prosperar, porque la querella está asentada sólidamente desde el punto de vista jurídico tanto en el derecho argentino como en el derecho internacional.

DESDE 1936 A 1977

¿Hay alguna diferencia en su querella con los autos de Garzón?

Los autos de Garzón contemplan los delitos cometidos hasta 1952. Nosotros ampliamos el ámbito temporal e incluimos todos los cometidos desde el 17 de julio de 1936, un día antes del golpe de estado, porque ya hubo fusilamiento ese día, hasta el 15 de junio de 1977, cuando se celebran las primeras elecciones democráticas. Hay también una ampliación espacial porque se pide que se investigue desde aquí, desde Argentina.

¿Van a solicitar documentación e información a las autoridades españolas?

Sí, tenemos ya un listado de pruebas a solicitar: pedimos que se busque a los responsables de los crímenes, una lista de todos los ministros de Franco con un certificado de que están vivos, un listado de todos los mandos de la Guardia Civil, la policía militar, la policía civil, la Falange. Pedimos los mapas de las fosas comunes, el número de desaparecidos y juzgados. Esperamos contar con la colaboración de las autoridades españolas; si no, todo será más trabajoso pero se podrá hacer igualmente. Además contemplamos que se haga lo mismo en otros países europeos donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos. Confiamos en que ocurra algo similar a lo que pasó con Pinochet, se dictó su extradición y tras ello otros países solicitaron también su extradición.

¿Partirán de algún caso concreto?

Partimos del caso de Severino Rivas, alcalde socialista fusilado en 1936. Su caso es ejemplo claro de la persecución planeada que hubo contra determinados grupos: representante político, detenido ilegalmente, fusilado sin previo juicio y desaparecido durante décadas. Su hijo vive en Argentina y presentará la querella con nosotros. Pero desde que esto se ha hecho público nos ha llegado una verdadera lluvia de peticiones de personas que quieren personarse como testigos o como querellantes. En las próximas semanas iremos organizando todo esto. Mi impresión es que va a producirse un fenómeno similar al que ocurrió cuando en España empezaron a juzgarse los crímenes de Argentina. Todas las semanas aparecían nuevos testigos, nuevos querellantes.

UN EFECTO BOOMERANG

¿Qué lectura hace de la respuesta internacional que ha surgido frente al intento de inhabilitar a Garzón?

Mi opinión es que el intento de inhabilitar a Garzón se ha convertido en un boomerang. Es tan descabellado que han disparado la indignación general en todo el mundo de los derechos humanos y organizaciones internacionales y ahora hay ya sectores que se plantean juzgar a aquellos que quieren juzgar a Garzón, a los verdaderos prevaricadores, que saben que la ley de amnistía no tiene validez en este caso.

¿Cómo interpreta que la Justicia haya actuado antes en Argentina que en España?

El franquismo duró mucho más tiempo y Franco dejó todo cerrado con la intención de que no se mirara atrás. Pero lo que pasa en España no es una marca exclusivamente española. Aquí en Argentina ocurrió lo mismo, es un patrón común. Siempre se pretende borrar el pasado, se dictan leyes de punto final, como si uno pudiera seguir hacia adelante sin mirar atrás, ignorando lo que ha vivido antes. En todos los casos hay grupos políticos, económicos y sociales que llevan a cabo un esfuerzo para que los crímenes no se conozcan. Es el pacto de la impunidad, todo queda atado y bien atado por aquellos que participaron en el genocidio. Es absurdo que España haya ejercido un papel muy importante en el plano judicial en Chile y Argentina, pero sea incapaz de actuar en lo relacionado con sus propios crímenes.

EL CASO ARGENTINO

¿Cuántos procesados hay ya en Argentina por crímenes durante la dictadura?

En Argentina hay más de cuarenta condenas y seiscientos procesados ya. Aún así hay críticas, no se abren todos los archivos, nada es perfecto, estos procesos nunca terminan de perfeccionarse. Pero desde luego comparativamente con España esto es un sueño porque se ha terminado con la impunidad legal. Yo mismo voy a comparecer como testigo en un juicio que se acaba de abrir en Argentina contra los carceleros de la prisión de La Plata, donde estuve preso durante la dictadura.