El minotauro anda suelto

Policía reteniendo a la única persona de raza negra que pasaba por la calle. Madrid, septiembre 2010. (O. R.)

“La emigración es la experiencia que mejor define nuestro tiempo”, John Berger.

Los gobiernos de los países más ricos del mundo practican una política destinada a favorecer a las entidades financieras a base de sacrificar a los ciudadanos.

Esas entidades financieras a su vez ejercen actividades cuyo único fin es enriquecerse aún más, a costa de la economía de los trabajadores e incluso de otros Estados.

La diferencia entre ricos y pobres es cada vez mayor, y la voracidad de los especuladores y multinacionales es insaciable.

Para acumular más riqueza son capaces de provocar desplazamientos de poblaciones, eliminar cultivos locales, usar cereales como combustible, imponer el pago de deudas astronómicas a los países más pobres, obligar al pago de aranceles e impuestos astronómicos para aquellos productos que pueden hacerles competencia, emplear mano de obra barata de usar y tirar y, en definitiva, contribuir al fomento de políticas al servicio del dinero y no de los seres humanos.

Las mercancías circulan libremente, pero las personas no.

Es así como hemos llegado a la situación actual, en la que, como si de una terrorífica película de ciencia ficción se tratara, nos cruzamos a diario en el metro, en la calle, en las plazas, en los locutorios, con redadas policiales discriminatorias en las que los agentes SOLO retienen y SOLO exigen identificarse a aquellas personas que presentan rasgos raciales diferentes a los caucásicos.

Como tantas otras veces, el pasado mes de septiembre dos agentes de la policía nacional -un hombre y una mujer- realizaron un control de identidad en el barrio madrileño de Lavapiés en el que solo solicitaban documentación a los ciudadanos de raza negra que pasaban por allí. Yo salía con mi hija de una guardería. Observé de lejos a aquellos dos agentes, que en ese instante solicitaban sus documentos a un chico del barrio al que conozco de vista. Me acerqué y pregunté suavemente lo siguiente:

-¿Se lo van a llevar?

La contestación que recibí, en estéreo, fue larga y agresiva. Ella me reprochó que me metiera donde nadie me llamaba, mientras que él repitió tres veces que me debería dar vergüenza, “con un bebé en brazos!!!!”. Tratando de disimular cierto temor causado por su reacción sin duda desproporcionada, repliqué en voz baja que como ciudadana tenía derecho a preguntar y les informé de que además era periodista.

-Usted no tiene derecho a nada, fue la respuesta. -Váyase ya. ¿O acaso este hombre es familiar suyo? No, ¿verdad?, añadió el agente a voz en grito con una sonrisa sarcástica.

-No lo es, pero le conozco del barrio y quiero saber si lo van a arrestar.

-Fuera de aquí si no quiere problemas! me gritaron de nuevo. Me alejé unos metros y telefoneé a un amigo abogado para asegurarme del procedimiento adecuado a llevar a cabo en estos casos.

A menudo los inmigrantes sin papeles son conducidos a los CIE´s, centros de internamiento para extranjeros, lugares donde son recluidos y privados de libertad durante un máximo de sesenta días a pesar de no haber cometido delito alguno.

Durante ese periodo se exponen a ser deportados, aunque muchos terminan siendo puestos en libertad, ya que los Estados, aunque no lo admitan en público, no desean deshacerse por completo de una mano de obra barata sin derechos como es la de los inmigrantes sin papeles.

Por eso cuando alguien sin papeles es detenido es conveniente informarse con rapidez del CIE al que es trasladado, para que disponga de un abogado, de una defensa y de un seguimiento lo antes posible por parte de sus familiares y amigos.

También es recomendable telefonear al Defensor del Pueblo, 91 432 79 00, para que la instituciones tengan constancia de lo que pasa y puedan hacer algo cuanto antes.

Aquél día el chico retenido no fue arrestado por no tener papeles. ¿Habría quedado en libertad si no hubiera habido testigos?

Control policial en el metro de Plaza Castilla, noviembre de 2010. (Olga R.)

La pasada semana fui retenida por la policía en una estación de metro de Madrid por haber fotografiado con mi teléfono móvil, a bastante distancia, un control en la que dos agentes estaban pidiendo documentación en función de los rasgos físicos de los transeúntes. Solo paraban a las personas de raza negra o latina; la estigmatización era evidente.

El mensaje público que se lanza con estas operaciones policiales es que una persona es sospechosa por el mero hecho de tener un color de piel determinado.

Me interrogaron en público, me arrebataron el móvil, me pidieron que les mostrara las fotos que había sacado y me ordenaron que las borrara ante la mirada curiosa de algunas personas que pasaban por allí.

Hay profesionales del periodismo, fotógrafos comprometidos con su tarea al servicio de la sociedad, que han sido incluso arrestados por fotografiar la realidad, un ejercicio al que tienen derecho. Hemos hablado de ellos en más de una ocasión.

También hay ciudadanos que solo por haber hecho preguntas durante una redada han sido acusados de alterar el orden público.

Los controles de identidad selectivos -en función de los rasgos físicos- sobre población inmigrante son ilegales; la policía solo puede establecer controles de identidad en los casos de indicios de comisión delictiva.

Del mismo modo algunas de las leyes sobre inmigración de la Unión Europea resultan absolutamente amorales y sumamente peligrosas para la convivencia y para el mantenimiento de valores basados en la igualdad y alejados de una xenofobia que cada vez más se introduce en el debate público con mensajes como los lanzados por algunos grupos políticos durante las elecciones catalanas.

Sin embargo, ciertas prácticas están ya institucionalizadas. El pasado mes se llevó a cabo de manera conjunta en toda Europa la operación Hermes, con el objetivo de medir la coordinación entre los Estados ante la inmigración irregular.

Durante siete días se reforzó la vigilancia de las “posibles rutas de entrada, estaciones de tren, autobuses y puertos”.

Son habituales operaciones de estas características cuyo fin es la detención de los sin papeles. Para conseguir esa meta la policía realiza los controles selectivos de documentación en función de los rasgos físicos de los ciudadanos.

No es algo que denunciemos solo los ciudadanos y los afectados. Dos circulares policiales filtradas a los medios de comunicación en 2009 y 2010 avalan las detenciones preventivas de inmigrantes que no lleven documentación en ese momento aunque estén en situación regular. Sin embargo, el Ministerio del Interior sigue sin reconocer esta realidad de fácil comprobación.

Basta con mirar alrededor en la calle, en las plazas, en el metro, en una parada de bus de camino al trabajo. Basta con levantar la vista.