El minotauro anda suelto

El control de los mensajes

Tras abordar un barco de bandera turca en aguas internacionales Israel ha difundido y enviado a los medios de comunicación un vídeo que ha dado la vuelta al mundo y que muestra las siluetas de varias personas golpeando con palos algo o a alguien. Israel asegura que esas son las siluetas de activistas de la flotilla y que lo que golpeaban eran soldados israelíes.

No podemos saber si ese vídeo se corresponde con la realidad, ya que Israel no ha permitido a los integrantes de la flotilla cargada con ayuda humanitaria comunicarse con el exterior ni durante el asalto ni posteriormente. De este modo solo se difunde, al menos por el momento, el mensaje y las imágenes escogidas por las autoridades israelíes.

Es una táctica habitual: En diciembre de 2008 y enero de 2009, durante los ataques israelíes contra Gaza que provocaron una masacre con más de 1.400 palestinos muertos, Israel no permitió la entrada a la Franja de ningún periodista. Pretendía así que solo se difundiera un mensaje, el enviado desde el lado israelí, y que solo se emitieran unas imágenes, las filmadas en el lado israelí.

La legitimidad de la flotilla

Pero lo cierto es que en el caso de lo ocurrido ayer, aunque aún no tengamos acceso a todas las versiones, sí disponemos de herramientas suficientes para concluir que la acción llevada a cabo por el Ejército israelí fue ilegal. Abordó un barco de bandera turca en aguas internacionales, una acción definida como acto de piratería por Naciones Unidas, mató a al menos diez personas e hirió a 30 más. Que los activistas de la flotilla hubieran mostrado resistencia no justificaría la acción israelí, ya que, tal y como establece la ley, es legítimo defenderse de los ocupantes armados que toman un barco.

Es legítimo también el objetivo de la flotilla de llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo israelí en la Franja. Gaza sufre una crisis humanitaria: sus habitantes no disponen de productos básicos, faltan alimentos, medicinas, equipamiento para fábricas. Solo funcionan cien de las casi cuatro mil empresas que operaban antes del bloqueo, los cortes de luz son muy frecuentes y escasea combustible incluso para mantener en funcionamiento las máquinas de ventilación asistida de los hospitales. Recuerdo que la última ve que estuve en Gaza, hace un par de años, muchos palestinos llenaban el depósito de sus coches con el aceite que sobraba de cocinar y freír falafel. El olor impregnaba calles enteras.

La impunidad de Israel

Turquía -turco era el barco atacado- es miembro de la OTAN. El artículo quinto de este organismo internacional contempla la posibilidad de que sus países miembros respondan militarmente a la agresión contra uno o más integrantes de la Alianza Atlántica. Este artículo tan solo se ha aplicado en una ocasión: tras los atentados del 11-S.

Es altamente improbable (imposible) que la OTAN invoque ahora dicho artículo como reacción al abordaje israelí del barco turco y desde luego es deseable que no lo haga. Pero la naturaleza provocadora de esta acción de Israel sí nos lleva a preguntarnos si el gobierno de Tel Aviv busca afianzar la impunidad de sus acciones o si quizá se guía por la premisa de “cuanto peor, mejor”, ya que precisamente los periodos de mayor conflicto han servido a Israel para anexionarse más territorio y hacerse fuerte gracias a su supremacía militar, que al fin y al cabo, en la realidad actual, es la que manda frente a la supremacía moral o a la legitimidad.

Cuando nunca pasa nada

Israel lleva décadas actuando de manera ilegal. Piensa que la comunidad internacional nunca va a tomar represalias suficientemente efectivas que le obliguen a frenar su política basada en el terror y la mano dura. Lo piensa porque ni Europa ni Estados Unidos han adoptado medidas ante el incumplimiento continuado por parte de Israel de las resoluciones de Naciones Unidas.

Lo cree porque no hubo consecuencias cuando mató a mil cuatrocientas personas en Gaza en las navidades 2008-2009. Ni hubo represalias cuando en 2006 acabó con la vida de más de 400 personas en Gaza durante la Operación Lluvia de Verano; ni cuando en 2002 asedió varias ciudades cisjordanas, aisló a Arafat en la Mukata y mató a más de 500 palestinos; ni cuando participó en el asesinato de 1.700 civiles palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Chatila en 1982.

Tampoco ocurrió nada cuando Israel ocupó de manera ilegal los territorios palestinos, el Sinaí egipcio, los Altos del Golán sirios y Jerusalén Este en 1967. Ni cuando ocupa Jerusalén Este en la actualidad; ni cuando el Estado israelí subvenciona y beca, a modo de incentivo, a quienes ocupan tierras palestinas, para fomentar el crecimiento de territorio anexionado.

No ocurre nada cuando Israel destroza con bombardeos infraestructuras palestinas construidas con dinero europeo. No pasa nada, para eso estamos, para mirar a otro lado, y seguir poniendo dinero. Ah! El dinero. Llegará un momento en el que nos preocupe más el bienestar de nuestras riquezas que el de nuestros hijos. Vamos encaminados a ello.

Hace tan solo unos días Israel fue aceptado como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países más avanzados y desarrollados del planeta. Es el llamado club de los países ricos. Dicho organismo exige a sus miembros respetar los derechos humanos y la legislación internacional. Por eso mismo varias organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron a la OCDE que, siguiendo su propia normativa, no aceptara a Israel como socio. Las protestas fueron en vano.

Las relaciones de la UE y España con Israel

Israel es un socio de primera para la Unión Europea y Estados Unidos. Y para España. En los últimos catorce años nuestro país ha exportado armas y material de doble uso a Israel por un valor que ronda los 35 millones de euros, según un riguroso informe aparecido recientemente sobre las relaciones militares entre España e Israel. Tales exportaciones de material militar a Israel violan los criterios del Código de conducta de Exportación de Armas de la UE, criterios que indican que no se exportará armas a aquellos países que pudieran usarlas con fines de represión interna, para agredir a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial.

Israel es socio preferente en materia comercial de la Unión Europea, a través de un Tratado Preferencial que entró en vigor en el año 2000 y cuyo artículo dos establece la suspensión de dicho tratado en caso de que una de las partes vulnere los derechos humanos y el derecho internacional. En vista de que dicho tratado no se ha suspendido nunca, parece que la UE no ve vulneración de los derechos humanos en ninguna de las matanzas perpetradas por Israel; habrá que deducir que la UE considera que el robo de tierras palestinas, las políticas discriminatorias y las leyes israelíes que permiten que se encarcele a palestinos sin cargos ni juicio están dentro del marco de los derechos humanos.

Si nuestros gobierno no se mueven, movámonos nosotros. Pidamos públicamente la adopción de medidas para frenar la carrera hacia el abismo de Israel. Solicitemos la suspensión de las relaciones comerciales con el Estado israelí. O planteemos su expulsión de la ONU, una propuesta que no debería herir la susceptibilidad de nadie, teniendo en cuenta el desprecio que Israel muestra hacia dicho organismo internacional, cuyas resoluciones incumple de manera sistemática y cuyas sedes en Gaza bombardeó al menos cuatro veces en la última operación militar contra la Franja.

Tarde o temprano llegará la cordura. Y cuando eso ocurra nos gustará pensar que llevábamos tiempo participando de ella…


  • Entrevista a Carlos Slepoy, abogado de familiares de víctimas del franquismo
  • Premio Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de España
  • Este miércoles presentará una querella ante la Justicia argentina

Carlos Slepoy

Carlos Slepoy sabe de la naturaleza de los regímenes represores. No solo porque es abogado especializado en estos asuntos, sino porque él mismo fue víctima de la dictadura argentina. Fue encarcelado dos semanas antes del golpe de Estado argentino, en marzo de 1976. Pasó por varias prisiones y centros de torturas antes de ser condenado al exilio en noviembre de 1977, cuando se instaló en España.

Veinte años después actuó como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón contra el dictador Videla y otros miembros de la dictadura argentina. De ese modo jugó un papel fundamental en el juicio contra el ex militar argentino Adolfo Scilingo, a quien la justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina.

También ha participado en el proceso contra el ex capitán Ricardo Cavallo, extraditado desde México a España y desde allí a Buenos Aires, acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la mayor cárcel ilegal de la dictadura argentina.

Ahora las paradojas de la vida llevan a Slepoy a recorrer el camino inverso: De Madrid a Buenos Aires. Será en esta ciudad donde este miércoles 14 de abril -día de la República española- presente con diversas organizaciones una querella para que se juzguen los crímenes de la guerra civil y la dictadura españolas. Entre los demandantes hay varias asociaciones de derechos humanos y por la memoria histórica.

-“Presentamos la querella como consecuencia de la escandalosa paralización de los procedimientos judiciales en España” -nos cuenta Slepoy por teléfono desde Buenos Aires.

LA QUERELLA

¿En qué se basa la querella que van a presentar?

Se fundamenta en los principios de jurisdicción universal, los mismos en los que se basó Garzón para abrir diligencias por crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, los mismos en la que se basó la justicia española para condenar a Adolfo Scilingo, los mismos que permitieron la extradición de Ricardo Cavallo o la apertura del caso por genocidio en Guatemala. Es decir, se fundamenta en una idea completamente asentada en la comunidad internacional por la que las leyes de amnistía o punto final no tienen validez ante crímenes contra la humanidad o genocidio.

DELITOS DE GENOCIDIO

¿Cómo califican entonces los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo?

Son delitos que formaron parte de un genocidio. Así lo recoge Garzón en la causa que inició, y nuestra querella se basa en buena parte en esa causa, fundamentada a su vez en multitud de pruebas, hay incluso documentos y manifestaciones de todo tipo hechas por dirigentes del alzamiento nacional que así lo muestran. En ella se determina que hubo 113.000 desaparecidos y más de 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad.

Y, ¿cuál es la definición de genocidio?

En España hubo una planificación estudiada y meditada para perseguir y erradicar a determinados grupos y colectivos con el objetivo de dar origen a otra nación diferente, algo que se logró en gran medida. Eso es un genocidio. Al igual que el nazismo o que la dictadura argentina, los participantes del golpe de estado y la dictadura española buscaban eliminar elementos de una sociedad para crear una sociedad diferente.

¿Qué posibilidades tiene de prosperar esta querella?

Nunca se sabe si prosperará o no, pero nosotros confiamos en que sí; yo tengo plena confianza en que esto vaya a prosperar, porque la querella está asentada sólidamente desde el punto de vista jurídico tanto en el derecho argentino como en el derecho internacional.

DESDE 1936 A 1977

¿Hay alguna diferencia en su querella con los autos de Garzón?

Los autos de Garzón contemplan los delitos cometidos hasta 1952. Nosotros ampliamos el ámbito temporal e incluimos todos los cometidos desde el 17 de julio de 1936, un día antes del golpe de estado, porque ya hubo fusilamiento ese día, hasta el 15 de junio de 1977, cuando se celebran las primeras elecciones democráticas. Hay también una ampliación espacial porque se pide que se investigue desde aquí, desde Argentina.

¿Van a solicitar documentación e información a las autoridades españolas?

Sí, tenemos ya un listado de pruebas a solicitar: pedimos que se busque a los responsables de los crímenes, una lista de todos los ministros de Franco con un certificado de que están vivos, un listado de todos los mandos de la Guardia Civil, la policía militar, la policía civil, la Falange. Pedimos los mapas de las fosas comunes, el número de desaparecidos y juzgados. Esperamos contar con la colaboración de las autoridades españolas; si no, todo será más trabajoso pero se podrá hacer igualmente. Además contemplamos que se haga lo mismo en otros países europeos donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos. Confiamos en que ocurra algo similar a lo que pasó con Pinochet, se dictó su extradición y tras ello otros países solicitaron también su extradición.

¿Partirán de algún caso concreto?

Partimos del caso de Severino Rivas, alcalde socialista fusilado en 1936. Su caso es ejemplo claro de la persecución planeada que hubo contra determinados grupos: representante político, detenido ilegalmente, fusilado sin previo juicio y desaparecido durante décadas. Su hijo vive en Argentina y presentará la querella con nosotros. Pero desde que esto se ha hecho público nos ha llegado una verdadera lluvia de peticiones de personas que quieren personarse como testigos o como querellantes. En las próximas semanas iremos organizando todo esto. Mi impresión es que va a producirse un fenómeno similar al que ocurrió cuando en España empezaron a juzgarse los crímenes de Argentina. Todas las semanas aparecían nuevos testigos, nuevos querellantes.

UN EFECTO BOOMERANG

¿Qué lectura hace de la respuesta internacional que ha surgido frente al intento de inhabilitar a Garzón?

Mi opinión es que el intento de inhabilitar a Garzón se ha convertido en un boomerang. Es tan descabellado que han disparado la indignación general en todo el mundo de los derechos humanos y organizaciones internacionales y ahora hay ya sectores que se plantean juzgar a aquellos que quieren juzgar a Garzón, a los verdaderos prevaricadores, que saben que la ley de amnistía no tiene validez en este caso.

¿Cómo interpreta que la Justicia haya actuado antes en Argentina que en España?

El franquismo duró mucho más tiempo y Franco dejó todo cerrado con la intención de que no se mirara atrás. Pero lo que pasa en España no es una marca exclusivamente española. Aquí en Argentina ocurrió lo mismo, es un patrón común. Siempre se pretende borrar el pasado, se dictan leyes de punto final, como si uno pudiera seguir hacia adelante sin mirar atrás, ignorando lo que ha vivido antes. En todos los casos hay grupos políticos, económicos y sociales que llevan a cabo un esfuerzo para que los crímenes no se conozcan. Es el pacto de la impunidad, todo queda atado y bien atado por aquellos que participaron en el genocidio. Es absurdo que España haya ejercido un papel muy importante en el plano judicial en Chile y Argentina, pero sea incapaz de actuar en lo relacionado con sus propios crímenes.

EL CASO ARGENTINO

¿Cuántos procesados hay ya en Argentina por crímenes durante la dictadura?

En Argentina hay más de cuarenta condenas y seiscientos procesados ya. Aún así hay críticas, no se abren todos los archivos, nada es perfecto, estos procesos nunca terminan de perfeccionarse. Pero desde luego comparativamente con España esto es un sueño porque se ha terminado con la impunidad legal. Yo mismo voy a comparecer como testigo en un juicio que se acaba de abrir en Argentina contra los carceleros de la prisión de La Plata, donde estuve preso durante la dictadura.