El minotauro anda suelto

Imaginemos un país con más de 113.000 personas desaparecidas, asesinadas durante una guerra civil originada por un golpe de Estado y durante una dictadura que gobernó durante casi cuarenta años. Ninguna de esas personas fue ejecutada en el frente de guerra, sino en fusilamientos, sacas, o tras juicios sumarísimos. La mayoría fueron asesinadas por el simple hecho de simpatizar con el sistema democrático vigente, por haber colaborado con dicho sistema o por haber mostrado su oposición al golpe de Estado.

En ese país, salvo escasas excepciones, las fosas comunes no están identificadas con placas o monumentos oficiales; casi todas están escondidas y olvidadas. Imaginemos que hace diez años varias personas que querían mantener viva la Memoria y la Historia crean asociaciones de familiares de desaparecidos y exhuman las primeras fosas, con dinero de su propio bolsillo.

Y que hace un par de años, gracias a la presión de esas asociaciones, el Gobierno se compromete a asumir la localización y exhumación de fosas, pero en la práctica solo se encarga de financiar, de modo que todo sigue estando en manos de las asociaciones, al fin con subvenciones pero no suficientes. Tan solo en dos exhumaciones se persona un juez, a pesar de que por ley está establecido que debe haber un representante judicial para el levantamiento del cadáver. Y en ninguna hay homenajes oficiales.

No estoy hablando de Bosnia, por si alguien piensa que ha acertado ya. El país del que hablo tiene más fosas que Bosnia, pero el Estado no se hace cargo directamente. Tampoco hablo de Irak, ni de Chile, ni de Argentina, ni de Bolivia, Perú, El Salvador, Haití, Ruanda, Sierra Leona o Suráfrica, lugares donde el Estado ha respaldado los proyectos de exhumación de fosas e investigaciones en torno a las mismas impulsadas por las denominadas comisiones de la verdad. No hablo tampoco de los caídos en la Segunda Guerra Mundial en países extranjeros o en diversos conflictos bélicos coloniales, cuyos cadáveres están siendo localizados y exhumados por gobiernos europeos.

En el país del que hablo muchas familias han vivido el dolor a escondidas, porque ese dolor era tabú. Nosotros, que venimos de un país avanzado, sabemos muy bien que si las víctimas y sus familiares no obtienen reparación y se ven obligadas a olvidar, terminan siendo doblemente víctimas. Pero en ese país no lo saben aún. Allí mencionar a los desaparecidos puede ser considerado políticamente incorrecto. Incluso personalidades respetadas socialmente sufren de urticaria cuando oyen hablar de los crímenes de la dictadura y de la necesidad de amparar a las víctimas y sus familiares. Es extraño.

Es extraño también que no se estudien en la escuela, instituto o universidad los detalles de la represión ejercida por los golpistas. La única excepción son los textos que estudian los alumnos de la carrera de Historia que se especializan en ese periodo histórico.

Por eso muchos piensan que todo se resume en dos bandos enfrentados en una guerra, que en ambas partes hubo muertos, más o menos los mismos, y las mismas atrocidades. Olvidan que el número de fallecidos de un lado triplicó al del otro, que los de un lado fueron dignificados y homenajeados y que los familiares de los de ese lado no sufrieron durante cuarenta años la represión, cárcel, el exilio, el miedo, el desamparo.

Algunas personas aplauden que nada de eso se sepa. Viva la ignorancia, abajo la Historia, es malo mirar al pasado, dicen. Les obsesiona mucho lo del pasado.

Hubo un juez que decidió actuar e investigar los crímenes de aquella dictadura y un montón de personalidades escribieron artículos y columnas sintiéndose muy ofendidas por semejante actuación. Fue un fenómeno sociológico muy curioso.

Ante la actuación de ese juez, los familiares de las víctimas se sintieron aliviados, pensando que quizá se pondría fin al pacto de silencio.

Pero ese juez terminó siendo acusado por dos organizaciones de extrema derecha de prevaricador y fue apartado de su cargo por el poder judicial. Suspendido de sus funciones. Recibió apoyo internacional de prestigiosos juristas, de respetadas organizaciones internacionales de derechos humanos, de los diarios internacionales más leídos. Pero fue suspendido y por supuesto la investigación de los crímenes de la dictadura y los golpistas fue paralizada.

La extrema derecha del país se alegró mucho. También aquellos que creían que nadie tenía que darles lecciones de nada, porque una cosa es enseñar justicia y moralidad a Argentina, la ex Yugoslavia o Irak y otra muy diferente es que vengan unos a decirte ahora lo que tu propio país tiene pendiente.

Hubo algunas personas de izquierdas que también se alegraron, porque no les gustaba mucho ese juez ahora suspendido. No entendían que esa historia no tenía que ver con defender a un juez, sino con luchar contra la impunidad que existe en ese país, asentada en tantos campos diferentes pero con el mismo origen.

Nosotros, que procedemos de un país no enfermo, ya sabemos que la dignidad, el reconocimiento y el fin de la impunidad son importantes. Que no se puede dar la espalda a quienes defendieron los valores en los que presuntamente se asientan nuestras sociedades actuales. Pero en ese país todavía no se han enterado. No saben que los traumas colectivos, si no se tratan, pueden continuar latentes durante décadas. Que si una herida no se cura bien se infecta y no sana. Puede incluso empeorar.


  • Entrevista a Carlos Slepoy, abogado de familiares de víctimas del franquismo
  • Premio Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de España
  • Este miércoles presentará una querella ante la Justicia argentina

Carlos Slepoy

Carlos Slepoy sabe de la naturaleza de los regímenes represores. No solo porque es abogado especializado en estos asuntos, sino porque él mismo fue víctima de la dictadura argentina. Fue encarcelado dos semanas antes del golpe de Estado argentino, en marzo de 1976. Pasó por varias prisiones y centros de torturas antes de ser condenado al exilio en noviembre de 1977, cuando se instaló en España.

Veinte años después actuó como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón contra el dictador Videla y otros miembros de la dictadura argentina. De ese modo jugó un papel fundamental en el juicio contra el ex militar argentino Adolfo Scilingo, a quien la justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina.

También ha participado en el proceso contra el ex capitán Ricardo Cavallo, extraditado desde México a España y desde allí a Buenos Aires, acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la mayor cárcel ilegal de la dictadura argentina.

Ahora las paradojas de la vida llevan a Slepoy a recorrer el camino inverso: De Madrid a Buenos Aires. Será en esta ciudad donde este miércoles 14 de abril -día de la República española- presente con diversas organizaciones una querella para que se juzguen los crímenes de la guerra civil y la dictadura españolas. Entre los demandantes hay varias asociaciones de derechos humanos y por la memoria histórica.

-“Presentamos la querella como consecuencia de la escandalosa paralización de los procedimientos judiciales en España” -nos cuenta Slepoy por teléfono desde Buenos Aires.

LA QUERELLA

¿En qué se basa la querella que van a presentar?

Se fundamenta en los principios de jurisdicción universal, los mismos en los que se basó Garzón para abrir diligencias por crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, los mismos en la que se basó la justicia española para condenar a Adolfo Scilingo, los mismos que permitieron la extradición de Ricardo Cavallo o la apertura del caso por genocidio en Guatemala. Es decir, se fundamenta en una idea completamente asentada en la comunidad internacional por la que las leyes de amnistía o punto final no tienen validez ante crímenes contra la humanidad o genocidio.

DELITOS DE GENOCIDIO

¿Cómo califican entonces los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo?

Son delitos que formaron parte de un genocidio. Así lo recoge Garzón en la causa que inició, y nuestra querella se basa en buena parte en esa causa, fundamentada a su vez en multitud de pruebas, hay incluso documentos y manifestaciones de todo tipo hechas por dirigentes del alzamiento nacional que así lo muestran. En ella se determina que hubo 113.000 desaparecidos y más de 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad.

Y, ¿cuál es la definición de genocidio?

En España hubo una planificación estudiada y meditada para perseguir y erradicar a determinados grupos y colectivos con el objetivo de dar origen a otra nación diferente, algo que se logró en gran medida. Eso es un genocidio. Al igual que el nazismo o que la dictadura argentina, los participantes del golpe de estado y la dictadura española buscaban eliminar elementos de una sociedad para crear una sociedad diferente.

¿Qué posibilidades tiene de prosperar esta querella?

Nunca se sabe si prosperará o no, pero nosotros confiamos en que sí; yo tengo plena confianza en que esto vaya a prosperar, porque la querella está asentada sólidamente desde el punto de vista jurídico tanto en el derecho argentino como en el derecho internacional.

DESDE 1936 A 1977

¿Hay alguna diferencia en su querella con los autos de Garzón?

Los autos de Garzón contemplan los delitos cometidos hasta 1952. Nosotros ampliamos el ámbito temporal e incluimos todos los cometidos desde el 17 de julio de 1936, un día antes del golpe de estado, porque ya hubo fusilamiento ese día, hasta el 15 de junio de 1977, cuando se celebran las primeras elecciones democráticas. Hay también una ampliación espacial porque se pide que se investigue desde aquí, desde Argentina.

¿Van a solicitar documentación e información a las autoridades españolas?

Sí, tenemos ya un listado de pruebas a solicitar: pedimos que se busque a los responsables de los crímenes, una lista de todos los ministros de Franco con un certificado de que están vivos, un listado de todos los mandos de la Guardia Civil, la policía militar, la policía civil, la Falange. Pedimos los mapas de las fosas comunes, el número de desaparecidos y juzgados. Esperamos contar con la colaboración de las autoridades españolas; si no, todo será más trabajoso pero se podrá hacer igualmente. Además contemplamos que se haga lo mismo en otros países europeos donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos. Confiamos en que ocurra algo similar a lo que pasó con Pinochet, se dictó su extradición y tras ello otros países solicitaron también su extradición.

¿Partirán de algún caso concreto?

Partimos del caso de Severino Rivas, alcalde socialista fusilado en 1936. Su caso es ejemplo claro de la persecución planeada que hubo contra determinados grupos: representante político, detenido ilegalmente, fusilado sin previo juicio y desaparecido durante décadas. Su hijo vive en Argentina y presentará la querella con nosotros. Pero desde que esto se ha hecho público nos ha llegado una verdadera lluvia de peticiones de personas que quieren personarse como testigos o como querellantes. En las próximas semanas iremos organizando todo esto. Mi impresión es que va a producirse un fenómeno similar al que ocurrió cuando en España empezaron a juzgarse los crímenes de Argentina. Todas las semanas aparecían nuevos testigos, nuevos querellantes.

UN EFECTO BOOMERANG

¿Qué lectura hace de la respuesta internacional que ha surgido frente al intento de inhabilitar a Garzón?

Mi opinión es que el intento de inhabilitar a Garzón se ha convertido en un boomerang. Es tan descabellado que han disparado la indignación general en todo el mundo de los derechos humanos y organizaciones internacionales y ahora hay ya sectores que se plantean juzgar a aquellos que quieren juzgar a Garzón, a los verdaderos prevaricadores, que saben que la ley de amnistía no tiene validez en este caso.

¿Cómo interpreta que la Justicia haya actuado antes en Argentina que en España?

El franquismo duró mucho más tiempo y Franco dejó todo cerrado con la intención de que no se mirara atrás. Pero lo que pasa en España no es una marca exclusivamente española. Aquí en Argentina ocurrió lo mismo, es un patrón común. Siempre se pretende borrar el pasado, se dictan leyes de punto final, como si uno pudiera seguir hacia adelante sin mirar atrás, ignorando lo que ha vivido antes. En todos los casos hay grupos políticos, económicos y sociales que llevan a cabo un esfuerzo para que los crímenes no se conozcan. Es el pacto de la impunidad, todo queda atado y bien atado por aquellos que participaron en el genocidio. Es absurdo que España haya ejercido un papel muy importante en el plano judicial en Chile y Argentina, pero sea incapaz de actuar en lo relacionado con sus propios crímenes.

EL CASO ARGENTINO

¿Cuántos procesados hay ya en Argentina por crímenes durante la dictadura?

En Argentina hay más de cuarenta condenas y seiscientos procesados ya. Aún así hay críticas, no se abren todos los archivos, nada es perfecto, estos procesos nunca terminan de perfeccionarse. Pero desde luego comparativamente con España esto es un sueño porque se ha terminado con la impunidad legal. Yo mismo voy a comparecer como testigo en un juicio que se acaba de abrir en Argentina contra los carceleros de la prisión de La Plata, donde estuve preso durante la dictadura.