El minotauro anda suelto

El control de los mensajes

Tras abordar un barco de bandera turca en aguas internacionales Israel ha difundido y enviado a los medios de comunicación un vídeo que ha dado la vuelta al mundo y que muestra las siluetas de varias personas golpeando con palos algo o a alguien. Israel asegura que esas son las siluetas de activistas de la flotilla y que lo que golpeaban eran soldados israelíes.

No podemos saber si ese vídeo se corresponde con la realidad, ya que Israel no ha permitido a los integrantes de la flotilla cargada con ayuda humanitaria comunicarse con el exterior ni durante el asalto ni posteriormente. De este modo solo se difunde, al menos por el momento, el mensaje y las imágenes escogidas por las autoridades israelíes.

Es una táctica habitual: En diciembre de 2008 y enero de 2009, durante los ataques israelíes contra Gaza que provocaron una masacre con más de 1.400 palestinos muertos, Israel no permitió la entrada a la Franja de ningún periodista. Pretendía así que solo se difundiera un mensaje, el enviado desde el lado israelí, y que solo se emitieran unas imágenes, las filmadas en el lado israelí.

La legitimidad de la flotilla

Pero lo cierto es que en el caso de lo ocurrido ayer, aunque aún no tengamos acceso a todas las versiones, sí disponemos de herramientas suficientes para concluir que la acción llevada a cabo por el Ejército israelí fue ilegal. Abordó un barco de bandera turca en aguas internacionales, una acción definida como acto de piratería por Naciones Unidas, mató a al menos diez personas e hirió a 30 más. Que los activistas de la flotilla hubieran mostrado resistencia no justificaría la acción israelí, ya que, tal y como establece la ley, es legítimo defenderse de los ocupantes armados que toman un barco.

Es legítimo también el objetivo de la flotilla de llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo israelí en la Franja. Gaza sufre una crisis humanitaria: sus habitantes no disponen de productos básicos, faltan alimentos, medicinas, equipamiento para fábricas. Solo funcionan cien de las casi cuatro mil empresas que operaban antes del bloqueo, los cortes de luz son muy frecuentes y escasea combustible incluso para mantener en funcionamiento las máquinas de ventilación asistida de los hospitales. Recuerdo que la última ve que estuve en Gaza, hace un par de años, muchos palestinos llenaban el depósito de sus coches con el aceite que sobraba de cocinar y freír falafel. El olor impregnaba calles enteras.

La impunidad de Israel

Turquía -turco era el barco atacado- es miembro de la OTAN. El artículo quinto de este organismo internacional contempla la posibilidad de que sus países miembros respondan militarmente a la agresión contra uno o más integrantes de la Alianza Atlántica. Este artículo tan solo se ha aplicado en una ocasión: tras los atentados del 11-S.

Es altamente improbable (imposible) que la OTAN invoque ahora dicho artículo como reacción al abordaje israelí del barco turco y desde luego es deseable que no lo haga. Pero la naturaleza provocadora de esta acción de Israel sí nos lleva a preguntarnos si el gobierno de Tel Aviv busca afianzar la impunidad de sus acciones o si quizá se guía por la premisa de “cuanto peor, mejor”, ya que precisamente los periodos de mayor conflicto han servido a Israel para anexionarse más territorio y hacerse fuerte gracias a su supremacía militar, que al fin y al cabo, en la realidad actual, es la que manda frente a la supremacía moral o a la legitimidad.

Cuando nunca pasa nada

Israel lleva décadas actuando de manera ilegal. Piensa que la comunidad internacional nunca va a tomar represalias suficientemente efectivas que le obliguen a frenar su política basada en el terror y la mano dura. Lo piensa porque ni Europa ni Estados Unidos han adoptado medidas ante el incumplimiento continuado por parte de Israel de las resoluciones de Naciones Unidas.

Lo cree porque no hubo consecuencias cuando mató a mil cuatrocientas personas en Gaza en las navidades 2008-2009. Ni hubo represalias cuando en 2006 acabó con la vida de más de 400 personas en Gaza durante la Operación Lluvia de Verano; ni cuando en 2002 asedió varias ciudades cisjordanas, aisló a Arafat en la Mukata y mató a más de 500 palestinos; ni cuando participó en el asesinato de 1.700 civiles palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Chatila en 1982.

Tampoco ocurrió nada cuando Israel ocupó de manera ilegal los territorios palestinos, el Sinaí egipcio, los Altos del Golán sirios y Jerusalén Este en 1967. Ni cuando ocupa Jerusalén Este en la actualidad; ni cuando el Estado israelí subvenciona y beca, a modo de incentivo, a quienes ocupan tierras palestinas, para fomentar el crecimiento de territorio anexionado.

No ocurre nada cuando Israel destroza con bombardeos infraestructuras palestinas construidas con dinero europeo. No pasa nada, para eso estamos, para mirar a otro lado, y seguir poniendo dinero. Ah! El dinero. Llegará un momento en el que nos preocupe más el bienestar de nuestras riquezas que el de nuestros hijos. Vamos encaminados a ello.

Hace tan solo unos días Israel fue aceptado como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países más avanzados y desarrollados del planeta. Es el llamado club de los países ricos. Dicho organismo exige a sus miembros respetar los derechos humanos y la legislación internacional. Por eso mismo varias organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron a la OCDE que, siguiendo su propia normativa, no aceptara a Israel como socio. Las protestas fueron en vano.

Las relaciones de la UE y España con Israel

Israel es un socio de primera para la Unión Europea y Estados Unidos. Y para España. En los últimos catorce años nuestro país ha exportado armas y material de doble uso a Israel por un valor que ronda los 35 millones de euros, según un riguroso informe aparecido recientemente sobre las relaciones militares entre España e Israel. Tales exportaciones de material militar a Israel violan los criterios del Código de conducta de Exportación de Armas de la UE, criterios que indican que no se exportará armas a aquellos países que pudieran usarlas con fines de represión interna, para agredir a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial.

Israel es socio preferente en materia comercial de la Unión Europea, a través de un Tratado Preferencial que entró en vigor en el año 2000 y cuyo artículo dos establece la suspensión de dicho tratado en caso de que una de las partes vulnere los derechos humanos y el derecho internacional. En vista de que dicho tratado no se ha suspendido nunca, parece que la UE no ve vulneración de los derechos humanos en ninguna de las matanzas perpetradas por Israel; habrá que deducir que la UE considera que el robo de tierras palestinas, las políticas discriminatorias y las leyes israelíes que permiten que se encarcele a palestinos sin cargos ni juicio están dentro del marco de los derechos humanos.

Si nuestros gobierno no se mueven, movámonos nosotros. Pidamos públicamente la adopción de medidas para frenar la carrera hacia el abismo de Israel. Solicitemos la suspensión de las relaciones comerciales con el Estado israelí. O planteemos su expulsión de la ONU, una propuesta que no debería herir la susceptibilidad de nadie, teniendo en cuenta el desprecio que Israel muestra hacia dicho organismo internacional, cuyas resoluciones incumple de manera sistemática y cuyas sedes en Gaza bombardeó al menos cuatro veces en la última operación militar contra la Franja.

Tarde o temprano llegará la cordura. Y cuando eso ocurra nos gustará pensar que llevábamos tiempo participando de ella…


Imaginemos un país con más de 113.000 personas desaparecidas, asesinadas durante una guerra civil originada por un golpe de Estado y durante una dictadura que gobernó durante casi cuarenta años. Ninguna de esas personas fue ejecutada en el frente de guerra, sino en fusilamientos, sacas, o tras juicios sumarísimos. La mayoría fueron asesinadas por el simple hecho de simpatizar con el sistema democrático vigente, por haber colaborado con dicho sistema o por haber mostrado su oposición al golpe de Estado.

En ese país, salvo escasas excepciones, las fosas comunes no están identificadas con placas o monumentos oficiales; casi todas están escondidas y olvidadas. Imaginemos que hace diez años varias personas que querían mantener viva la Memoria y la Historia crean asociaciones de familiares de desaparecidos y exhuman las primeras fosas, con dinero de su propio bolsillo.

Y que hace un par de años, gracias a la presión de esas asociaciones, el Gobierno se compromete a asumir la localización y exhumación de fosas, pero en la práctica solo se encarga de financiar, de modo que todo sigue estando en manos de las asociaciones, al fin con subvenciones pero no suficientes. Tan solo en dos exhumaciones se persona un juez, a pesar de que por ley está establecido que debe haber un representante judicial para el levantamiento del cadáver. Y en ninguna hay homenajes oficiales.

No estoy hablando de Bosnia, por si alguien piensa que ha acertado ya. El país del que hablo tiene más fosas que Bosnia, pero el Estado no se hace cargo directamente. Tampoco hablo de Irak, ni de Chile, ni de Argentina, ni de Bolivia, Perú, El Salvador, Haití, Ruanda, Sierra Leona o Suráfrica, lugares donde el Estado ha respaldado los proyectos de exhumación de fosas e investigaciones en torno a las mismas impulsadas por las denominadas comisiones de la verdad. No hablo tampoco de los caídos en la Segunda Guerra Mundial en países extranjeros o en diversos conflictos bélicos coloniales, cuyos cadáveres están siendo localizados y exhumados por gobiernos europeos.

En el país del que hablo muchas familias han vivido el dolor a escondidas, porque ese dolor era tabú. Nosotros, que venimos de un país avanzado, sabemos muy bien que si las víctimas y sus familiares no obtienen reparación y se ven obligadas a olvidar, terminan siendo doblemente víctimas. Pero en ese país no lo saben aún. Allí mencionar a los desaparecidos puede ser considerado políticamente incorrecto. Incluso personalidades respetadas socialmente sufren de urticaria cuando oyen hablar de los crímenes de la dictadura y de la necesidad de amparar a las víctimas y sus familiares. Es extraño.

Es extraño también que no se estudien en la escuela, instituto o universidad los detalles de la represión ejercida por los golpistas. La única excepción son los textos que estudian los alumnos de la carrera de Historia que se especializan en ese periodo histórico.

Por eso muchos piensan que todo se resume en dos bandos enfrentados en una guerra, que en ambas partes hubo muertos, más o menos los mismos, y las mismas atrocidades. Olvidan que el número de fallecidos de un lado triplicó al del otro, que los de un lado fueron dignificados y homenajeados y que los familiares de los de ese lado no sufrieron durante cuarenta años la represión, cárcel, el exilio, el miedo, el desamparo.

Algunas personas aplauden que nada de eso se sepa. Viva la ignorancia, abajo la Historia, es malo mirar al pasado, dicen. Les obsesiona mucho lo del pasado.

Hubo un juez que decidió actuar e investigar los crímenes de aquella dictadura y un montón de personalidades escribieron artículos y columnas sintiéndose muy ofendidas por semejante actuación. Fue un fenómeno sociológico muy curioso.

Ante la actuación de ese juez, los familiares de las víctimas se sintieron aliviados, pensando que quizá se pondría fin al pacto de silencio.

Pero ese juez terminó siendo acusado por dos organizaciones de extrema derecha de prevaricador y fue apartado de su cargo por el poder judicial. Suspendido de sus funciones. Recibió apoyo internacional de prestigiosos juristas, de respetadas organizaciones internacionales de derechos humanos, de los diarios internacionales más leídos. Pero fue suspendido y por supuesto la investigación de los crímenes de la dictadura y los golpistas fue paralizada.

La extrema derecha del país se alegró mucho. También aquellos que creían que nadie tenía que darles lecciones de nada, porque una cosa es enseñar justicia y moralidad a Argentina, la ex Yugoslavia o Irak y otra muy diferente es que vengan unos a decirte ahora lo que tu propio país tiene pendiente.

Hubo algunas personas de izquierdas que también se alegraron, porque no les gustaba mucho ese juez ahora suspendido. No entendían que esa historia no tenía que ver con defender a un juez, sino con luchar contra la impunidad que existe en ese país, asentada en tantos campos diferentes pero con el mismo origen.

Nosotros, que procedemos de un país no enfermo, ya sabemos que la dignidad, el reconocimiento y el fin de la impunidad son importantes. Que no se puede dar la espalda a quienes defendieron los valores en los que presuntamente se asientan nuestras sociedades actuales. Pero en ese país todavía no se han enterado. No saben que los traumas colectivos, si no se tratan, pueden continuar latentes durante décadas. Que si una herida no se cura bien se infecta y no sana. Puede incluso empeorar.


Hay cierta tendencia en este país a leer todos los acontecimientos de la actualidad en clave política-electoral. De ese modo el daño ecológico del vertido del Prestige, las muertes de inocentes en Irak, la falta de libertades en Afganistán o la educación que recibirán nuestros hijos terminan teniendo menos protagonismo que la bronca que ello genera entre PP y Psoe.

Hay cierta propensión al reduccionismo, al debate primario, a los titulares centrados en las peleas políticas y no en los asuntos que generan dichas peleas. Si un tema se convierte en objeto de disputa política tendrá garantizado su espacio en los medios de comunicación.

De este modo se habla de inmigración si Psoe y PP discuten de inmigración, pero apenas se da voz a los inmigrantes; se habla de operaciones militares en el exterior si PP y Psoe debaten sobre operaciones militares en el exterior, pero no se da protagonismo a quienes viven en primera línea las consecuencias de esas operaciones.

Lo mismo ocurre con cualquier otro tema presente en la realidad pero a menudo ausente en la realidad mediática, esa ilusión óptica que confundimos con el reflejo de nuestro mundo. Es la agenda setting: los políticos marcan la actualidad. Si ofrecen una conferencia tienen garantizado un espacio destacado en la prensa, radio y televisión.

La tarea periodística consiste en buscar la realidad más allá de los titulares confeccionados a medida por los asesores políticos; medir el ambiente de la calle y no solo el de los despachos; buscar en el centro y en la periferia de los pueblos y ciudades las repercusiones de las decisiones políticas; informar de la existencia de otros mundos ajenos a los de las grandes cuentas bancarias.

Sin embargo, no son pocos los medios de comunicación que ayudan a los políticos a marcar esa agenda setting en vez de guiarse por las reglas básicas del periodismo.

Ahora un nuevo tema de actualidad -las manifestaciones contra la impunidad del franquismo- corre el riesgo de verse reducido al cruce de acusaciones entre políticos. Mientras un sector de la sociedad civil pide ayuda para encontrar a sus familiares desaparecidos, para defender la recuperación de la Memoria Histórica, algunos políticos se tiran los trastos a la cabeza y se instalan en el “y tú más”.

Unos acusan a sus rivales de presionar al poder judicial, los otros contestan recordando que los unos se manifestaron no hace tanto contra una decisión del Tribunal Supremo. Y buena parte de los medios de comunicación se centran en este debate político y no en las demandas de las víctimas y familiares del franquismo. Parece que el derecho a enterrar a los muertos sigue siendo algo secundario.

Los al menos 113.000 desaparecidos a causa de la represión franquista no se merecen ser víctimas de un debate público reduccionista.

Una política seria, reflexiva y a la altura de las circunstancias -junto con un buen trabajo periodístico- consistiría en analizar la situación y preguntarse por qué hoy, después de tantos años, un sector de este país sigue necesitando enterrar a sus muertos. Por qué los nietos de desaparecidos se preguntan aún dónde están sus abuelos. Qué puede hacer el Estado al respecto. De qué modo han sido abordados los crímenes de las dictaduras en otros países. Por qué es bueno no dar la espalda a la Historia.

Los Estados que han sufrido asesinatos y desapariciones masivas de ciudadanos viven un trauma subterráneo pero latente que solo se cura con tratamiento. La receta es fácil: verdad, justicia y reparación.

Mientras sigamos instalados en el olvido, en la impunidad y en el desprecio a las víctimas, este país seguirá siendo escenario de un fenómeno sociológico digno de estudio en las universidades. La negación del problema no resuelve el problema: lo perpetúa.

La clase política española tiene una buena oportunidad para mostrar elegancia y eficacia. Solo debe fijarse más en el desamparo de los familiares de las víctimas del franquismo y menos en cómo las demandas y manifestaciones contra la impunidad afectan a la popularidad de sus partidos. Con los fusilados y desaparecidos no se hace marketing político ni se busca rentabilidad electoral.