El minotauro anda suelto

La intervención militar en Libia obliga a analizar la llamada doctrina R2P -responsabilidad de proteger-, que defiende acciones militares con objetivos humanitarios.

La preocupación en torno a este tipo de intervenciones reside en que éstas pueden ser utilizadas para encubrir injerencias injustificadas en los asuntos internos de Estados soberanos.

Actuar militarmente de manera unilateral con la excusa de proteger -como hicieron Estados Unidos, Reino Unido y Francia en Irak al establecer una zona de exclusión aérea en 1991 en el norte y otra en 1992 en el sur (que no supusieron ni mucho menos el fin de Sadam Hussein, como todos sabemos)- puede dar argumentos a otros países para hacer lo mismo.

Y eso incluye la posibilidad de que un país al que la comunidad internacional occidental considere enemigo impulse acciones militares contra otro, con el argumento de que ese otro está violando derechos humanos o cometiendo crímenes de guerra. ¿Aceptaríamos en ese caso la legitimidad de la operación? Probablemente no.

Pongamos por caso un ejemplo diferente, en el que se busca consenso a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, como acaba de ocurrir ante los acontecimientos en Libia.

El embajador británico Mark Lyall Grant y la embajadora estadounidense Susan Rice durante la votación en las Naciones Unidas. (AP)

El Consejo de Seguridad de la ONU está formado por cinco miembros permanentes y diez temporales. Es a ellos a los que se llama comunidad internacional, a pesar de que no constituyen un gobierno mundial representado por todo el planeta.

Los miembros permanentes del Consejo tienen derecho a veto y son Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China y Rusia.

Ellos actúan como gendarmes, deciden a quién se ataca, a quién no, a quién se le saca tarjeta amarilla, a quién roja. Ejercen de árbitros.

El Consejo de Seguridad impone sanciones o el uso de la fuerza en unos casos sí, en otros no. Ese doble rasero en sus decisiones demuestra que el criterio de legalidad y el de legitimidad no siempre van de la mano.

No hay igualdad ante la ley y no existen unos criterios generalizados para su aplicación. Del mismo modo, hay resoluciones que se cumplen y sin embargo otras que son papel mojado, como buena parte de las referidas a Israel.

Los Estados defensores de la intervención en Libia como acción con fines altruistas tienen ante sí un momento idóneo para demostrar coherencia.

Bastaría con que todos se integraran en la Corte Penal Internacional, ampliaran el Consejo de Seguridad y desarrollaran mecanismos que les obligaran a un nuevo orden internacional sin más invasiones ilegales, ocupaciones, explotaciones o injerencias, y sin más apoyos a dictadores como Gadaffi, al que vendíamos armas, con el que manteníamos negocios y con el que acabábamos de renovar acuerdos en materia de migración (véase el firmado el pasado octubre entre la UE y Libia, para que éste mantuviera la externalización de nuestras fronteras).

Para ello tendrían que detener la venta de armas a países que violan los derechos humanos, establecer un único criterio para impulsar actuaciones militares, y, en caso de intervención, no deberían imponer sus intereses por encima de los de la población local.

De lo contrario, la presunta buena voluntad de intervenir militarmente en Libia con el único objetivo de proteger a civiles resultará a la larga poco creíble.

Al igual que en la Edad Media las potencias actuaban para evangelizar y en el siglo XIX para civilizar, ahora actúan para proteger, liberar o democratizar. Suena muy bien -para los que ven el mundo con superioridad y paternalidad colonial- siempre y cuando fuera cierto para todos y cada uno de los casos de intervención militar.

Si los dobles raseros se perpetúan será difícil que estas grandes potencias mantengan su credibilidad a flote.

Pero de momento, en este orden internacional actual, el poderío militar y el nivel de riqueza determinan la capacidad de decisión e influencia, otorgan el monopolio de la moral y conceden el goce de la inmunidad.

Son desequilibrios de poder en un mundo de desigualdades que perpetúa los privilegios de unos y el desamparo de muchos.


El primer enviado oficial de la historia de Naciones Unidas fue el conde sueco Folke Bernadotte. Su destino: el recién proclamado Estado de Israel, en el verano de 1948. Su objetivo: alcanzar un acuerdo de paz entre Israel y los países árabes vecinos.

Bernadotte planteó el regreso de los refugiados palestinos que habían huido a causa de los ataques terroristas judíos previos al estallido de la guerra o durante las primeras semanas de la misma. Su plan no fue aceptado por los líderes israelíes y el grupo paramilitar Lehi, liderado por el futuro primer ministro Isaac Shamir, le colocó en su punto de mira.

Bernadotte fue asesinado por integrantes de Lehi en septiembre de 1948. También murió un ayudante francés del diplomático. Israel nunca arrestó a los asesinos y, al término de la guerra, decretó un indulto para ellos.

Folke Bernadotte, primer enviado oficial de Naciones Unidas

Así comienza la relación de Israel con Naciones Unidas. Desde entonces Israel ha incumplido todas las resoluciones de la ONU que exigen la retirada de Israel de los territorios ocupados y contempla el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares o recibir indemnizaciones. Ha bombardeado y atacado cuarteles de Naciones Unidas en varias ocasiones a lo largo de su historia, con la consiguiente muerte de empleados del organismo internacional.

Uno de los ataques que más indignación despertaron en la comunidad internacional fue el lanzado en 1996 contra el cuartel de la ONU en Qaná, en territorio libanés, donde murieron más de 100 civiles y hubo más de 150 heridos, entre ellos varios cascos azules de la ONU. La acción se enmarcó dentro de la operación Uvas de la ira.

Otras de las acciones militares israelíes contra objetivos de Naciones Unidas tuvo lugar en las navidades de 2008-2009, durante los bombardeos continuados contra toda la Franja de Gaza que causaron más de 1400 víctimas mortales, más de 400 de ellas niños. En aquellos días las Fuerzas Armadas israelíes atacaron sedes de Naciones Unidas en al menos cuatro ocasiones y causaron varios muertos.

No hay nada más eficaz que la Historia para poder obtener conclusiones: no es difícil deducir la impunidad con la que actúa Israel, ya que desde su creación no solo ha hecho caso omiso a las exigencias de Naciones Unidas, sino que ha repetido acciones militares violentas contra sedes de dicho organismo internacional. Nunca ha sido castigado por ello. Por eso en más de una ocasión he defendido que se expulse a Israel de la ONU. En vista del poco respeto que muestra hacia esta organización, no creo que debiera importarle demasiado.

Este breve recorrido por los encontronazos de Israel con Naciones Unidas puede ayudarnos a recordar cuántas investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por el Ejército israelí han sido llevadas a cabo de manera independiente, cuántas han culpado a Tel Aviv, y cuántas veces Israel ha sido castigado.

Y así podemos repasar algunas de las matanzas más conocidas: Sabra y Shatila, donde los israelíes participaron en la masacre de 1.700 civiles, Qaná en 1996, la operación Muro Protector, en la que mataron a más de 500 palestinos, la operación Lluvia de verano, con la muerte de más de 400 personas en Gaza, de nuevo Qaná en 2006, con 27 muertos, la mayoría menores de edad, la operación Plomo Fundido en Gaza 2008-2009,etc.

Madre que perdió a sus cuatro hijos en el ataque israelí de 2006 a Qana, en el que murieron veintisiete personas, entre ellas, diecisiete menores. (Javier Bauluz/ Periodismohumano)

Detengámonos en esta última, con más de 1.400 muertos. La ONU nombró una comisión encargada de investigar los detalles. De esa comisión salió el informe Goldstone. Dicho
informe acusa a Israel de llevar a cabo “un ataque deliberadamente desproporcionado, diseñado para castigar, humillar y aterrar a la población civil, para disminuir radicalmente su capacidad económica tanto de trabajar como de sustento, y para imponer una creciente sensación de dependencia y vulnerabilidad”.

Además califica el prolongado bloqueo económico impuesto por Israel contra Gaza de “castigo colectivo” contra la población. En ese sentido, menciona varios ataques contra objetivos civiles “injustificables” desde el punto de vista militar. También atribuye crímenes a Hamás. El informe se basa en información obtenida en dos visitas a Gaza, casi 200 entrevistas y la revisión de miles de documentos, fotos y grabaciones de vídeo.

Goldstone, reconocido jurista internacional, judío y sionista, recomendó pasar el informe a la Corte Penal Internacional contra crímenes de guerra y actos de genocidio para que determinara eventuales acusaciones. Pero Estados Unidos frenó en seco dicho informe. Las recomendaciones no se han cumplido.

La respuesta a la pregunta que antes formulaba es sencilla: Israel nunca ha sido castigado por los crímenes que ha cometido.

Tras el apresamiento de la Flotilla de la Libertad nuestros gobernantes quieren hacernos creer que ahora será diferente. En un texto publicado hace unos días por el diario Público -plagado de eufemismos y expresiones dignos de analizar- el ministro Moratinos junto con sus homólogos francés e italiano, defendía una investigación “imparcial, transparente y conforme a las normas internacionales”.

Decía así:

Debemos estar atentos para no repetir los errores cometidos tras la entrega del informe Goldstone, cuyo seguimiento fue instrumentalizado por el Consejo de Derechos Humanos y que dedica lamentablemente la mitad de sus resoluciones a condenar a Israel.”

(La negrita en la palabra lamentablemente no estaba en el texto original, la he añadido yo: No me queda claro si lamentan que la mitad de las resoluciones condenen a Israel o que Israel se haya portado mal, con lo buen amigo que es.)

Y proseguía: “Ciudadanos turcos y estadounidenses han sido víctimas de esta operación; la investigación tendrá por tanto, obligatoriamente, un componente internacional, como ya lo ha propuesto el secretario general de las Naciones Unidas. Apoyamos estos esfuerzos.

Para que una investigación pueda ser independiente no debe estar dirigida por Israel. Sin embargo, ya se ha anunciado que el presidente de la comisión de investigación será el ex presidente del Supremo israelí. El resto de sus integrantes también serán israelíes. Habrá dos observadores internacionales.

Para que la investigación pudiera ser realmente independiente la comisión debería estar integrada por una mayoría de personas desvinculadas de los intereses de Israel. Deberá centrarse en los testimonios de los testigos, de los más de setecientos activistas del Marmara y de los soldados israelíes que participaron en la operación. Y, lo más importante, debería tener acceso al mayor número de pruebas.

Sin embargo, la mayor parte de las grabaciones de audio y vídeo, así como el material fotográfico obtenido por los pasajeros de la flotilla fue incautado y requisado por el Ejército israelí. Iara Lee es una de las pocas pasajeras que, a pesar de los registros israelíes, logró quedarse con algunas de sus filmaciones. El resultado puede verse en este vídeo:

Los soldados israelíes no solo cometieron un acto de piratería al abordar una flotilla de barcos en aguas internacionales; no solo mataron a nueve personas e hirieron a decenas más en el marco de una operación ilegal; no solo secuestraron a las más de setecientas personas que viajaban en esa flotilla y las trasladaron a comisarías y cárceles israelíes, sino que además robaron a estas personas buena parte de sus pertenencias: laptops, cámaras, cintas de vídeo, tarjetas de memoria, etcétera.

Si la comunidad internacional desea que se lleve a cabo una verdadera investigación independiente sobre lo sucedido aquél fatídico día debería empezar por exigir públicamente a Israel que devuelva el material robado a las víctimas del asalto ilegal, ya que es ese material el que puede mostrar hechos que evidentemente el gobierno israelí tiene interés en ocultar.

Si no presiona, sumaremos una raya más en un calendario marcado por décadas de impunidad. Y ya se sabe que la impunidad abre el camino a futuros crímenes o ilegalidades.

PD: Hay una prisión a cielo abierto llamada Gaza, donde viven un millón y medio de personas. Sus carceleros a veces tienen tan buen corazón que abren las puertas para dejar pasar galletas y refrescos.