El minotauro anda suelto

Policía reteniendo a la única persona de raza negra que pasaba por la calle. Madrid, septiembre 2010. (O. R.)

“La emigración es la experiencia que mejor define nuestro tiempo”, John Berger.

Los gobiernos de los países más ricos del mundo practican una política destinada a favorecer a las entidades financieras a base de sacrificar a los ciudadanos.

Esas entidades financieras a su vez ejercen actividades cuyo único fin es enriquecerse aún más, a costa de la economía de los trabajadores e incluso de otros Estados.

La diferencia entre ricos y pobres es cada vez mayor, y la voracidad de los especuladores y multinacionales es insaciable.

Para acumular más riqueza son capaces de provocar desplazamientos de poblaciones, eliminar cultivos locales, usar cereales como combustible, imponer el pago de deudas astronómicas a los países más pobres, obligar al pago de aranceles e impuestos astronómicos para aquellos productos que pueden hacerles competencia, emplear mano de obra barata de usar y tirar y, en definitiva, contribuir al fomento de políticas al servicio del dinero y no de los seres humanos.

Las mercancías circulan libremente, pero las personas no.

Es así como hemos llegado a la situación actual, en la que, como si de una terrorífica película de ciencia ficción se tratara, nos cruzamos a diario en el metro, en la calle, en las plazas, en los locutorios, con redadas policiales discriminatorias en las que los agentes SOLO retienen y SOLO exigen identificarse a aquellas personas que presentan rasgos raciales diferentes a los caucásicos.

Como tantas otras veces, el pasado mes de septiembre dos agentes de la policía nacional -un hombre y una mujer- realizaron un control de identidad en el barrio madrileño de Lavapiés en el que solo solicitaban documentación a los ciudadanos de raza negra que pasaban por allí. Yo salía con mi hija de una guardería. Observé de lejos a aquellos dos agentes, que en ese instante solicitaban sus documentos a un chico del barrio al que conozco de vista. Me acerqué y pregunté suavemente lo siguiente:

-¿Se lo van a llevar?

La contestación que recibí, en estéreo, fue larga y agresiva. Ella me reprochó que me metiera donde nadie me llamaba, mientras que él repitió tres veces que me debería dar vergüenza, “con un bebé en brazos!!!!”. Tratando de disimular cierto temor causado por su reacción sin duda desproporcionada, repliqué en voz baja que como ciudadana tenía derecho a preguntar y les informé de que además era periodista.

-Usted no tiene derecho a nada, fue la respuesta. -Váyase ya. ¿O acaso este hombre es familiar suyo? No, ¿verdad?, añadió el agente a voz en grito con una sonrisa sarcástica.

-No lo es, pero le conozco del barrio y quiero saber si lo van a arrestar.

-Fuera de aquí si no quiere problemas! me gritaron de nuevo. Me alejé unos metros y telefoneé a un amigo abogado para asegurarme del procedimiento adecuado a llevar a cabo en estos casos.

A menudo los inmigrantes sin papeles son conducidos a los CIE´s, centros de internamiento para extranjeros, lugares donde son recluidos y privados de libertad durante un máximo de sesenta días a pesar de no haber cometido delito alguno.

Durante ese periodo se exponen a ser deportados, aunque muchos terminan siendo puestos en libertad, ya que los Estados, aunque no lo admitan en público, no desean deshacerse por completo de una mano de obra barata sin derechos como es la de los inmigrantes sin papeles.

Por eso cuando alguien sin papeles es detenido es conveniente informarse con rapidez del CIE al que es trasladado, para que disponga de un abogado, de una defensa y de un seguimiento lo antes posible por parte de sus familiares y amigos.

También es recomendable telefonear al Defensor del Pueblo, 91 432 79 00, para que la instituciones tengan constancia de lo que pasa y puedan hacer algo cuanto antes.

Aquél día el chico retenido no fue arrestado por no tener papeles. ¿Habría quedado en libertad si no hubiera habido testigos?

Control policial en el metro de Plaza Castilla, noviembre de 2010. (Olga R.)

La pasada semana fui retenida por la policía en una estación de metro de Madrid por haber fotografiado con mi teléfono móvil, a bastante distancia, un control en la que dos agentes estaban pidiendo documentación en función de los rasgos físicos de los transeúntes. Solo paraban a las personas de raza negra o latina; la estigmatización era evidente.

El mensaje público que se lanza con estas operaciones policiales es que una persona es sospechosa por el mero hecho de tener un color de piel determinado.

Me interrogaron en público, me arrebataron el móvil, me pidieron que les mostrara las fotos que había sacado y me ordenaron que las borrara ante la mirada curiosa de algunas personas que pasaban por allí.

Hay profesionales del periodismo, fotógrafos comprometidos con su tarea al servicio de la sociedad, que han sido incluso arrestados por fotografiar la realidad, un ejercicio al que tienen derecho. Hemos hablado de ellos en más de una ocasión.

También hay ciudadanos que solo por haber hecho preguntas durante una redada han sido acusados de alterar el orden público.

Los controles de identidad selectivos -en función de los rasgos físicos- sobre población inmigrante son ilegales; la policía solo puede establecer controles de identidad en los casos de indicios de comisión delictiva.

Del mismo modo algunas de las leyes sobre inmigración de la Unión Europea resultan absolutamente amorales y sumamente peligrosas para la convivencia y para el mantenimiento de valores basados en la igualdad y alejados de una xenofobia que cada vez más se introduce en el debate público con mensajes como los lanzados por algunos grupos políticos durante las elecciones catalanas.

Sin embargo, ciertas prácticas están ya institucionalizadas. El pasado mes se llevó a cabo de manera conjunta en toda Europa la operación Hermes, con el objetivo de medir la coordinación entre los Estados ante la inmigración irregular.

Durante siete días se reforzó la vigilancia de las “posibles rutas de entrada, estaciones de tren, autobuses y puertos”.

Son habituales operaciones de estas características cuyo fin es la detención de los sin papeles. Para conseguir esa meta la policía realiza los controles selectivos de documentación en función de los rasgos físicos de los ciudadanos.

No es algo que denunciemos solo los ciudadanos y los afectados. Dos circulares policiales filtradas a los medios de comunicación en 2009 y 2010 avalan las detenciones preventivas de inmigrantes que no lleven documentación en ese momento aunque estén en situación regular. Sin embargo, el Ministerio del Interior sigue sin reconocer esta realidad de fácil comprobación.

Basta con mirar alrededor en la calle, en las plazas, en el metro, en una parada de bus de camino al trabajo. Basta con levantar la vista.


¿Qué  podemos hacer los ciudadanos que presenciemos redadas y controles de identidad a extranjeros por el simple hecho de serlo?. La organización Ferrocarril Clandestino tiene algunas sugerencias en esta página titulada Nueve ideas para no quedarse de brazos cruzados. Entre otras cosas, recomienda:

Como buen/a ciudadano/a responsable puedes acercarte con sigilo y buenas maneras para informarte sobre lo que ocurre. Si es oportuno, puedes recordar a la policía su misión de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” de todas las personas, sin excepciones, claro.

 

Desde luego no se trata de obstruir, ni de entorpecer ¡faltaría más! Sólo de facilitar que se cumplan sus principios de actuación, por ejemplo: no discriminación racial y desobediencia de órdenes superiores contrarias a la ley“.

También ofrece un teléfono de urgencia del Defensor del Pueblo en el que se puede poner una queja al instante con tan solo marcar:

91 432 79 00, para que la instituciones tengan constancia de lo que pasa y puedan hacer algo cuanto antes.

BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN

Hace unos meses surgió otra interesante iniciativa desde varias organizaciones sociales y de barrio que ha desembocado en la creación de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, con el objetivo de articular una respuesta organizada a los controles permanentes dirigidos contra las personas inmigrantes.

En este vídeo explican con detalle la labor de las Brigadas.

Imagen de previsualización de YouTube

Son respuestas que aparecen ante los abusos y el acoso policial contra los inmigrantes. Ser una persona sin papeles no es un delito. Sin embargo, vivimos en un Estado que se comporta como si lo fuera: la nueva ley permite encerrar hasta sesenta días a los sin papeles en los llamados centros de internamiento para extranjeros, un eufemismo empleado para denominar a las cárceles para inmigrantes indocumentados.

Nos echamos las manos a la cabeza cuando oímos que en Arizona se realizan controles de identidad xenófobos. Pero ignoramos que en nuestro propio país la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil admitían hace un año la existencia de directrices para efectuar cada semana un número determinado de  detenciones de extranjeros en situación irregular.

En España se practican de manera habitual controles de identidad a extranjeros en lugares públicos, locutorios, estaciones de metro o autobús, plazas, etc.

Diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos de los inmigrantes han denunciado la existencia de la identificación indiscriminada de personas en función de sus rasgos.

EL CASO ROSALIND WILLIAMS LECRAFT

España ya ha sido sancionada por un control de identidad racista. En 1992, Rosalind Williams Lecraft, originaria de Estados Unidos y nacionalizada española en 1969, fue objeto de un control de identidad en la estación de tren de Valladolid. Fue una medida que la policía no efectuó a ninguna otra persona que entonces se encontrara en aquel lugar. Rosalind se sintió discriminada y presentó una querella.

Tras ser desestimada por el Ministerio del Interior, por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Constitucional, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le dio la razón en 2009 al determinar que las características del color de su piel fueron “el elemento determinantes para sospechar que estuviera en la ilegalidad”.

El Comité estableció que cuando las autoridades de un país efectúan controles de identidad, las características físicas o étnicas no pueden ser consideradas como un indicio de su residencia ilegal en un territorio.

Sin embargo, el acoso policial a los inmigrantes en función de su raza o color ha continuado. En Madrid hay diversos lugares recurrentes para los controles de identificación: los barrios multiculturales, Vallecas, Usera, Aluche ,Cuatro Caminos o plazas donde se reúnen inmigrantes en busca de trabajo.

Estos controles y detenciones suponen de hecho relacionar inmigración con delincuencia en un momento en el que algunos gobiernos europeos echan mano de discursos y medidas xenófobas con la intención de desviar la atención de la crisis económica.

Diversas organizaciones sociales y en defensa de los derechos fundamentales consideran que los ciudadanos no pueden permanecer impasibles ante las redadas con tintes racistas y las detenciones diarias de personas por una simple falta administrativa, como es el no tener papeles. Y condenan la práctica de políticas de miedo para acallar las denuncias contra estas redadas y contra las medidas que criminalizan a un grupo determinado tan solo por su color, por su raza o por su falta de papeles.

Redada policial contra inmigrantes sin papeles (AP)

La imagen de un policía cacheando en la vía pública a una persona negra o de rasgos indígenas ayuda a mantener estereotipos racistas a través de los cuales se identifica una raza con una tendencia a la delincuencia, cuando no existe ningún delito en el hecho de no tener papeles -y, además, hay muchos sin papeles blancos y sin rasgos étnicos determinados que pasan sin embargo más desapercibidos ante la mirada sesgada de algunos policías- y sí hay sin embargo crimen moral en la legislación que trata de estigmatizar a un grupo por el simple hecho de no tener papeles o de criminalizar a quienes no renuncian a la hospitalidad.

Lo sabe bien el párroco de la iglesia de San Carlos Borromeo de Entrevías, Javier Baeza, quien ha presentado varias denuncias por identificaciones policiales irregulares de inmigrantes, una de ellas practicada en su propia casa, en la que da cobijo a algunas personas sin papeles.

Lo sabe el fotógrafo Eduardo León, quien ha sido detenido en dos ocasiones por ejercer su profesión: es decir, por fotografiar los controles policiales a inmigrantes.

Y lo sabemos todos aquellos que no estamos dispuestos a dar la espalda al extranjero, ya que en la buena educación y en el buen saber de todas las culturas está el acoger con hospitalidad, comprender para conocer y ampliar conocimientos y amistades y menguar así prejuicios y falsas creencias.

Lo otro es el sálvese quien pueda, el “nos ha tocado la casilla de los privilegiados, estamos salvados!”. Lo otro es la puerta cerrada, el muro elevado, ventanas de espino, rostros de cemento.