El minotauro anda suelto

Butros-Ghali, condenado a 30 años de cárcel y buscado por la Interpol
Presidió hasta febrero la Comisión Monetaria y Financiera del FMI

(Pinchar en enlace: Página de la Interpol: Ficha de Butros Ghali)

Youssef Butros-Ghali y Dominique Strauss-Khan durante el encuentro del G-20 en abril de 2010. (Cliff Owen/AP)

Una de las principales causas del estallido de las revueltas en Egipto fue sin duda la represión constante ejercida por el régimen contra disidentes, críticos, blogueros y opositores políticos. Pero existen además otros factores que colmaron el vaso y son los relacionados con la situación económica del país árabe y las prácticas de corrupción ejercidas por buena parte de los integrantes del gobierno, incluido el propio Mubarak.

Algunos de esos abusos, que han agrandado más aún la brecha entre ricos y pobres, se cometieron en el marco de la llamada reforma económica egipcia iniciada en los años noventa y a través de la cual se impulsó un proceso de privatización de empresas públicas con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Ahora algunos de los ex ministros y hombres fuertes del régimen de Mubarak afrontan procesos en los tribunales, acusados de haber vendido propiedades estatales a capital extranjero o a empresarios egipcios cercanos al gobierno por un precio inferior a su valor real en el mercado, y de haberse lucrado con dichas transacciones.

De hecho se han presentado en los tribunales varias demandas en las que se solicita la recuperación por parte del Estado de algunas empresas privatizadas. Es el caso de la cadena de tiendas Omar Effendi, de propiedad estatal hasta que en 2006 fue vendida a una compañía saudí. La justicia egipcia ha ordenado su re-nacionalización por haber sido vendida a un precio inferior a su valor real.

Por la misma razón los tribunales también han declarado ilegal una venta de terrenos estatales realizada durante el régimen a la compañía Palm Hills, presidida por personas cercanas a Gamal Mubarak, hijo del ex presidente.

Uno de los hombres que impulsó la política de privatizaciones fue el ex ministro de finanzas Youssef Butros Ghali, miembro de una influyente familia de políticos (es sobrino del ex secretario general de la ONU Butros Butros Ghali). En la década de los ochenta fue uno de los negociadores de la deuda externa de su país, un proceso que desembocó en las privatizaciones y en la amplia apertura a las inversiones extranjeras.

En 2004, ya como ministro, continuó con la misma línea en política económica. En 2008 ocupó el puesto de presidente del Comité Monetario y Financiero del Fondo Monetario Internacional (CMFI), principal comité asesor de la Junta de gobernadores del FMI. Era habitual verle en las fotografías con Strauss-Khan y John Lipsky, número uno y dos del FMI. El estallido de las revueltas provocó su dimisión como ministro y como presidente del CMFI y de ese modo se produjo la caída de uno de los integrantes de la cúpula del organismo internacional.

Es curioso observar cómo apenas se ha prestado atención a lo que sin duda habría que denominar el otro gran escándalo del FMI. Butros Ghali huyó de Egipto un día después del derrocamiento de Mubarak. El gobierno egipcio ha cursado una orden de extradición a la Interpol. Pesan sobre él diversos cargos por corrupción, por los que ha sido condenado en ausencia a 30 años de prisión.

EL EX MINISTRO DE INVERSIONES EGIPCIO, TERCER HOMBRE DEL BANCO MUNDIAL

Uno de los hombres cercanos a Butros Ghali es el ex ministro de Inversiones Mahmoud Mohieldin, quien en la actualidad -y desde octubre de 2010- ocupa una de las tres direcciones generales del Banco Mundial y por tanto uno de los cargos clave del organismo internacional. Abogados y activistas egipcios le acusan de practicar el favoritismo y le involucran en la privatización de una cadena de hoteles que habría sido vendida a un precio menor de su valor real.

Un informe publicado recientemente por el propio gobierno egipcio reconoce que en los últimos años en el país árabe han crecido la pobreza y las desigualdades, aún más visibles a raíz del aumento de los precios de alimentos básicos como el pan en el año 2008, producido, entre otras razones, por la especulación de los mercados financieros internacionales.

Por eso, y a pesar de la prohibición de las protestas, desde hace ya algunos años se han sucedido las manifestaciones y huelgas de los trabajadores en las calles y en las fábricas, en demanda de salarios dignos, derechos laborales y un mejor reparto de la riqueza. Pero nada de esto parecía importar a la comunidad internacional.

De hecho el Banco Mundial elogió la política económica económica egipcia en varios informes, como el “Doing Business Report” de 2008 y 2009, encargado de medir en distintos países la facilidad para hacer negocios con capital extranjero. El propio Mahmoud Mohieldin recibió el Premio Doing Business Report de 2010.

En octubre de ese mismo año Mohieldin fue nombrado Managing Director del Banco Mundial y Director del Programa de Reducción de la Pobreza de dicho organismo, cargos que aún ocupa en la actualidad.

“Que uno de los responsables de la política económica egipcia de los últimos años, que ha fomentado la distancia entre ricos y pobres, sea director del programa de reducción de la pobreza del Banco Mundial, da que pensar”, han denunciado varias agrupaciones impulsoras del movimiento 25 de enero.

Cuando estallaron las revueltas en Egipto, el hasta hace poco director del FMI, Strauss-Khan, admitió la existencia del factor económico como una de las causas de los levantamientos, al afirmar que “lo que ocurre en el norte de África muestra que no es suficiente tener en cuenta los buenos datos macroeconómicos; tenemos que mirar mucho más allá de eso”.

Ante esta afirmación es inevitable preguntarse si hasta la fecha el señor Strauss Khan y el resto del equipo del organismo financiero que presidía no se habían dado cuenta de que el primer marcador a tener en cuenta para felicitarse o no es el referido a las condiciones de vida de los ciudadanos; de que, haciendo uso de su expresión, las personas también existen y están “más allá” de la macroeconomía.

Ironías al margen, lo cierto es que la pobreza, el incremento de las desigualdades y la corrupción extendieron una ola de indignación entre buena parte de la población egipcia, cansada de ver cómo una minoría, la elite política y económica del país, se enriquecía cada vez más, con el beneplácito de los organismos financieros internacionales.

No se puede negar la existencia de causas económicas y sociales en el estallido de las revueltas egipcias. Los egipcios, al igual que los tunecinos, han exigido libertad, pan, vivienda y salarios dignos y una democracia genuina liderada por gobiernos con autonomía -”no queremos una democracia importada”, ha sido una de las consignas más coreadas-.

Sus demandas se sitúan a su vez en un contexto global marcado por la crisis de un modelo económico insostenible que juega solo a favor de unos pocos y que no hace ascos a las dictaduras que asumen la voracidad de sus códigos.